El Gobierno del PP, entre sus
prioridades, se ha fijado restablecer la solvencia y la confianza en
el sistema financiero. Para ello no dudó en aprobar el pasado mes
febrero una primera fase de la reforma del sector en la que se exigió
a las entidades provisiones por 50.000 millones de euros.
Pero conviene recordar que el Gobierno
del PSOE contribuyó a la situación en la que hoy estamos envueltos.
En Septiembre de 2008 Zapatero
declaró:"El sector financiero español es probablemente el más
sólido del mundo". Una mentira, que por supuesto no nos
creímos, y que no ayudó a mejorar la situación a la que nos
dirigiamos.
Perdieron
tres años negando los problemas del sistema financiero y poniendo
parches con dinero público vez de reformarlo. Y no sólo eso, sino
que aún se aventuró el exministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui,
a afirmar hace sólo un año que en el septiembre pasado el sistema
financiero español estaría consolidado.
El
Gobierno de Rajoy, en sus primeras medidas, limitó el sueldo de los
altos cargos de las entidades públicas y en próximas fechas se
acometerá una segunda fase para dar una solución definitiva al
sistema financiero.
La falta de crédito es uno de los
grandes problemas que tenemos. Sin unas entidades solventes y que
generen confianza no hay crédito; si no hay crédito, no hay
inversión; y si no hay inversión, no hay empleo.
El objetivo del Gobierno ante la
situación de Bankia es garantizar un proceso ordenado de
reestructuración y proteger a sus miles de depositantes. En la época
del ejecutivo socialista se inyectaron fondos públicos. Recordemos
que en junio de 2009 se aprobó el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) con una dotación de 99.000 millones de
euros de los que se han utilizado casi 15.000 mil millones de euros.
De hecho esta entidad con el PSOE ya recibió 4.465 millones de
euros del procedentes del fondo.
Ante esto, es importante recordar también que las
propias entidades están contribuyendo al saneamiento del sector a
través de el Fondo de Garantía de depósitos con más de 9.000
millones de euros. En el caso de Bankia, la posible aportación de
fondos nunca computaría como déficit ni supondría una carga para
los ciudadanos, ya que siempre sería un préstamo que la entidad
debería devolver con sus correspondientes intereses.
Con esta medida lo que se pretende
desde el Ejecutivo es que España vuelva a tener un sistema bancario
sano, estable y con capacidad para volver a generar crédito, que
ayude al repunte de la economía y a la mejora del empleo.
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