El pasado 1 de mayo conocíamos la
noticia de la nacionalización de la empresa española
Transportadora de Electricidad, S.A. (TDE) que pasa a manos del
Gobierno de Bolivia. TDE forma parte de Red Eléctrica Internacional
—compañía filial del Grupo Red Eléctrica Española— desde el
año 2002 y que poseía el 73%
de las líneas de transmisión energética del país.
El 99,94% de las
acciones pertenecen a Red Eléctrica y el 0,06% a los
trabajadores de la empresa.
TDE es una empresa de transporte de
electricidad que coexiste en Bolivia con la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) ejerciendo como representante del Estado en toda
la cadena productiva de electricidad. De tal forma, el Decreto de
Nacionalización dispone la transferencia de las acciones de TDE a
ENDE a fin de constituir un operador del sistema y titular de la red
de transporte, similar a la existente en España con Red Eléctrica
Española (REE).
De esta manera el Gobierno boliviano continúa un
proceso de expropiación de diversas empresas relacionadas con la
explotación de los recursos naturales que ya comenzó hace cinco
años con países como Italia, Reino Unido o Argentina. Aunque es
cierto que son muchas las empresas que se han nacionalizado en
Bolivia bajo esta normas en los últimos años. No obstante, el
Gobierno de Morales debería haber informado con anterioridad al
Gobierno de España sobre sus intenciones con el objetivo de
garantizar máxima transparencia en el proceso.
Se trata del segundo
proceso de nacionalización de empresas con capital español en
Sudamérica,
tras la expropiación por parte de Argentina del 51% del capital de
Repsol en la petrolera YPF,
aunque con diferencias claramente cualitativas. El Gobierno de Evo
Morales, que por un lado, expropia TDE y por el otro, apoya sin
paliativos la actividad y las inversiones de REPSOL en Bolivia, ha
garantizado a los ministros españoles que habrá diálogo para
establecer un precio justo por el valor de la empresa, incluyendo las
inversiones realizadas por REE. Y así esperemos que sea, de lo
contrario se estará yendo en contra de las reglas de
juego de libre mercado y la seguridad jurídica que debe presidir las
inversiones internacionales.
La decisión y la voluntad del
Gobierno español de defender los intereses de las empresas españolas
en el exterior es firme, empezando por el derecho a la seguridad
jurídica quebrado por Argentina. Hablamos de que Bolivia ha dado
garantías y asegura una compensación justa. Mientras, el Gobierno
de Cristina Fernández ha tomado una decisión equivocada para su
país porque tendrá consecuencias negativas a medio plazo desde el
punto de vista del desarrollo económico y de la garantía de las
inversiones, según aseguró el Ministro de Economía, Luis de
Guindos.
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