Analizando la última EPA

Hoy hemos conocido la última Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de este 2012.  Pese al mal dato global de desempleo que arroja la encuesta, existen algunos puntos que observados con detenimiento aporta signos positivos.

La tasa de desempleo alcanza el 24,44 % de la población activa con los que son ya un total de 5.639.500 personas las que están en paro. Son cifras, que como ha señalado la Vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hoy, reflejan la dificultad del momento económico. No se quiere maquillar ni distraer. Las cifras son las que son.

Refiriéndonos a los signos que nos indican cierta estabilización en las dinámicas. ¿Ésto que quiere decir? Pues que si que cogemos los datos en una comparación desestacionalizada, es decir, eliminando el efecto del diferente calendario y otras oscilaciones, el número de parados  ha aumentado  en este primer  trimestre de 195.200 frente a los 211.200 del mismo trimestre anterior.

Se trata de un aumento generalizado pero no tan significativamente elevado como podría esperarse. Se inclina hacia un estancamiento en la destrucción de empleo.

¿Podría plantearse una escalada y llegar a los 6 millones de desempleados? No se plantea pero esta conocida es lo suficientemente preocupante como para plantear una lucha continuada en su reducción. No se trata de meras cifras, sino de reconocer la gravedad de la situación y asumir la responsabilidad en ejecutar las medidas necesarias que se están adoptando para invertir la situación.

Hay que recordar que la Reforma Laboral lleva puesta en marcha escasos dos meses y que significa profundos cambios en el marco laboral legal con lo que sus efectos no son inmediatos y cuyas esperanzas están puestas más en el medio plazo. Por tanto, no cabe mencionarla como un fracaso.

La determinación es clave para la consecución del éxito en el principal objetivo que se ha marcado este Gobierno, que es poner freno al desempleo y establecer las bases de una recuperación lo más sólida posible. Son los esfuerzos de ahora los que contribuirán a ello en el futuro como recompensa.

Asistencia médica garantizada para todos

Son tantas las mentiras que desde el PSOE y el resto de la izquierda se están difudiendo que vemos necesario insistir en la reforma sanitaria. No es verdad que los mayores de 26 años que no hayan cotizado se vayan a quedar sin asistencia médica. Las nuevas médidas garantizarán una sanidad más justa, equilibrada y sobre todo bien regulada.

La manipulación con respecto a este tema está siendo ya gravosa. El Ministerio de Sanidad está cumpliendo con la ley vigente en esta materia. El Real Decreto de 1989, establece a los 26 años como la edad tope para tener una tarjeta sanitaria individual. Dicha norma recoge la obligación de designar a este sector que no haya cotizado a la Seguridad Social como “personas carentes de recursos”. Esta denominación -bastante peyorativa- fue nominada así por el anterior gobierno socialista.

A partir de ahora quedará recogido en el Real Decreto Ley 16/2012 en el artículo 1, que no modifica el contenido del anterior. El Ministerio con este nuevo decreto va a regular el método de acceso a la tarjeta sanitaria, asegurando así que todos los españoles cuenten con una. De este modo, se organiza y se abarca, como no se hacía hasta entonces, todas y cada una de las posibles situaciones laborales y familiares en las que se puede encontrar un español.

De esta forma, el procedimiento será el siguiente: un joven de 26 años que no haya cotizado, se acercará a su centro de salud, rellenara los impresos correspondientes identificando que no cotiza en la Seguridad Social y se la hará entrega de su nueva tarjeta sanitaria.

Con todo esto el Gobierno de Mariano Rajoy no trata de quitar a nadie la sanidad, sino más bien todo lo contrario, garantizarla. Así todo español, con independencia de su situación laboral o familiar, contará con una tarjeta sanitaria que le de acceso a todos los derechos sociales de los que pueda beneficiarse dependiendo de cada caso.

Sanidad para todos

La reforma sanitaria sigue garantizando la asistencia gratuita para todo el mundo. Ningún ciudadano va a quedar desantendido, ni los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas, ni los que residen en situación irregular.

Con esta medida se trata de evitar los abusos del sistema sanitario español, que supone un gasto desmedido, que el país no puede afrontar. La nueva normativa asegura que recibirán, siempre, asistencia los casos de urgencia, ya sea por enfermedad o por accidente, hasta la situación de alta médica. Asimismo se prestará el servicio en los casos de embarazo, parto y postparto y a los extranjeros menores de 18 años, en todos los casos, y en las mismas condiciones que para los españoles.

En lo referente a los turistas, si son comunitarios, se facturará la asistencia a su país a través de su tarjeta sanitaria europea. En el caso de que no la tengan o si son extracomunitarios, se tramitará por medio de sus seguros de viaje. De igual forma, en este caso, habrá que aplicar lo que esté establecido en los convenios bilaterales con terceros países suscritos por España.

También se atenderán los casos de interés humanitario, con convenios similares a los que ya se utilizan, como por ejemplo, traer a niños enfermos de países en desarrollo para que sean tratados en España.

Los extranjeros que se encuentren en situación irregular tendrán de plazo hasta el 31 de agosto de 2012 para cumplimentar los trámites legales que les permitirán obtener la tarjeta sanitaria. A estos efectos, a partir de ahora, además del padrón, se pedirá también la residencia legal.

El fin de todas estas reformas es buscar una solución que, dejando a salvo situaciones asistenciales especiales, evite determinados abusos que se venían produciendo. Muchos de ellos debidos, en gran parte, a la negligente transposición que hizo el Gobierno socialista de la correspondiente Directiva Comunitaria. Omitieron el artículo 7 de la Directiva de derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión, que prohibía explícitamente desplazarse en busca de asistencia sanitaria, que puedan obtener en su propio país.

Tenemos que recordar, que según el último informe del Tribunal de Cuentas, España ha dejado de facturar a otros países la asistencia médica y famaceútica a más de 700.000 ciudadanos extranjeros en sólo un año (2009), que ha suspuesto un despilfarro de casi 1.000 millones de euros. El Real Decreto Ley tiene como objetivo acabar con el “turismo sanitario”que estaba causando un agujero a las arcas, que no recuperaremos gracias a Zapatero.

Por tanto, el objetivo de esta norma no es dejar sin asistencia médica a ciudadanos de otros países como desde el PSOE se empeñan en transmitir. De hecho el único interés del Gobierno es que se pongan fin a los abusos que perjudican seriamente a nuestro Sistema Nacional de Salud.

El falso déficit socialista

Ni trampa ni cartón. Las instituciones comunitarias han confirmado los datos sobre el déficit que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyas previsiones eran mucho más negativas de las que vaticinó el PSOE al salir del gobierno. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, la economía española cerró 2011 con un desequilibrio fiscal del 8,5% y un endeudamiento público del 68,5% del PIB. Eurostat valida así las estadísticas y datos que el Ejecutivo del PP había enviado a la Comisión Europea y que han llevado al Gobierno a iniciar el amplio proceso de reformas y ajustes.

Hay que recordar que las cifras ofrecidas por el Gobierno del Partido Popular fueron puestas en duda por los miembros del Partido Socialista. No olvidemos que en una rueda de prensa a finales de diciembre del 2011 Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) exculpó al Estado del aumento del déficit del 6 al 8 % y aseguró que en las cuentas de la Administración General "no hay desviación" según los datos de la exvicepresidenta económica, Elena Salgado.

El gobierno de Zapatero y Rubalcaba engañó sobre el verdadero déficit que dejaba. La UE afirma que el agujero en las cuentas era de 25.000 millones de euros más de lo que declararon los socialistas. Estos nefastos datos han obligado a Mariano Rajoy a realizar una política de ajuste muy severa, siendo consciente de la impopularidad de las medidas. El Ejecutivo está ahora en la recuperación del tiempo perdido por el PSOE ajustando el “derroche” de ocho añosde políticas socialistas que nos han llevado al abismo. Un gasto de 100.000 millones de euros por año más de lo que se ingresaba durante los tres últimos años.

España era un país solvente en 2004 cuando los socialistas ganaron las elecciones. Gozábamos de una confianza que la izquierda ha dilapidado, y ahora los Presupuestos Generales del Estado que ha defendido el ministro Montoro en el Congreso, obligan a efectuar un ajuste de más de 27.000 millones de euros. No es justo para los españoles que una de las principales partidas económicas vaya dirigida a pagar intereses de la deuda que nos dejó el PSOE. Este año nos gastaremos los ciudadanos 30.000 millones de euros en ello, casi nada ¿verdad?.

El Gobierno de Rajoy está tomando medidas difíciles, son conscientes de ello, pero necesarias aun cuando pasarán factura en términos electorales. No obstante, por encima de cualquier encuesta o convocatoria electoral, el Presidente tiene claro que no ha venido aquí a calentar la silla sino a hacer lo mejor para el interés general.

El bloqueo de RTVE

El Consejo de radio televisión española viene sufriendo una situación de bloqueo político desde la dimisión de su último presidente, Alberto Oliart, en Julio de 2011. Desde entonces, el ente público ha llevado una presidencia rotaria mensual de los distintos consejeros, entre los cuales, ninguno tenía capacidad ejecutiva para tomar decisiones.

Esta situación impedía formular tanto las cuentas anuales de la empresa, aprobar los presupuestos, como nombrar el personal directivo de primer nivel, paralizando así el funcionamiento de RTVE. De hecho, el propio Consejo en una reunión con la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, pidió solucionar esta circunstancia cuanto antes.

El Gobierno ha considerado resolver la situación mediante la ley aprobada en el año 2006, que por cierto fue elaborada por el Ejecutivo socialista. En ella se establece que en caso de no salir elegido un presidente por mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado, se procedería a la votación parlamentaria por mayoría absoluta.

Ahora el PSOE se queja de esta modificación, cuando ellos en las primeras semanas del gobierno de Zapatero, no tardaron en modificar toda la cúpula a golpe de decretazo, que no se nos olvide. Pero a diferencia de lo que hoy ellos hacen en oposición, el PP nunca bloqueó el nombramiento del presidente de RTVE. Es más, el grupo popular facilitó el consenso tanto en el caso de Luis Fernández como de Oliart.

Siendo coherentes con la austeridad llevada a cabo en todas las administraciones, se reducirá de 12 a 9 el número de miembros de la corporación de RTVE. Además, éstos, no tendrán dedicación exclusiva y  sólo cobrarán las dietas por su asistencia al Consejo, y no percibirán el sueldo anterior, que rondaba los 110.000 euros. El único que tendrá dedicación exclusiva será el presidente de la corporación.

Con esta modificación el Gobierno de Rajoy pretende solucionar la situación de RTVE y tratar de mejorar la ruinosa situación que atraviesa el ente, además de acabar con la manipulación socialista y la parcialidad de la cadena. Esta claro que al PSOE, sólo le interesa un pacto sobre el tema, cuando les beneficia, en definitiva, una actitud de doble cara, que ya conocemos.

Nuevas medidas para la mejora universitaria

España vive un momento excepcional por lo que un Gobierno responsable como es el de Mariano Rajoy tiene que tomar medidas excepcionales. Ésto también incumbe al ámbito educativo, y en concreto a la enseñanza universitaria. Hoy el Ejecutivo del Partido Popular aprobará por Real Decreto las medidas urgentes de contención del gasto público en materia de Educación.

Un hecho cierto es que la Universidad ha crecido más en recursos que en resultados. Tenemos un 30% de abandono universitario frente al 16% de la media europea que supone una pérdida de 2.960 millones de euros invertidos sin retorno. Hay algo que estamos haciendo mal y, por tanto, son necesarias medidas urgentes que permitan a las CCAA (competentes en esta materia) cumplir los objetivos de déficit del 1,5%. No hay que andarse con miramientos, son medidas y ajustes necesarios para garantizar un sistema de calidad.

Somos el país que más invierte en esta materia y, por contra, no hay ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo. No sirve de nada seguir invirtiendo más y más si los rendimientos no mejoran. No es tan importante la cantidad sino la calidad del servicio, de manera que nuestro sistema exige una imperiosa racionalización de los recursos disponibles.

En cuanto a los precios públicos de los servicios académicos de las universidades quedarán de la siguiente manera:

          - El coste de la primera matrícula cubrirá entre el 15% y el 25% del coste real del servicio en títulos de grado y Másteres habilitantes para el ejercicio de la profesión.

          - La segunda matrícula cubrirá entre el 30% y el 40% del total real del servicio.

          - La tercera cubriría entre el 65% y el 75%.

          - La cuarta entre el 90% y el 100%.

Respecto de los Másteres no habilitantes para ejercer una profesión la primera matrícula cubrirá entre el 20% y el 50% del coste total del servicio real, y entre el 20% y el 75% a partir de la segunda.

Con estas medidas lo que se pretende es reducir el alto e intolerable absentismo universitario y la tasa de abandono, cuyo porcentaje es escandaloso, así como motivar al alumno a una asistencia regular a clase. No puede ser que sólo el 33% de los estudiantes univesitarios españoles obtenga su título sin repetir curso, frente a la media de la OCDE y de la UE que es del 38%. Más del 25% de los créditos matriculados en universidades públicas corresponden a segundas, terceras y sucesivas matrículas. Se prevé que el incremento de los precios haga que estos porcentajes de éxito escolar se equiparen a los del resto de países.

Todo ello vendrá acompañado de las correspondientes subvenciones públicas y becas. No obstante, a partir de ahora habrá que avanzar hacia un sistema más equitativo en el que reciban ayudas quienes realmente lo necesitan y lo demuestren objetivamente con resultados. El aumento indiscriminado de las ayudas públicas que recibe todo alumno universitario, con independencia de su rendimiento académico y su nivel de renta, no propicia ni mejora la eficiencia interna ni favorece la equidad.

Los diez pilares de la reforma Sanitaria

El ministerio de Sanidad ha propuesto una reforma para mejorar el rendimiento y la eficacia del sistema sanitario y está basada en diez premisas:

1. Gratuita: no se cobrará por la asistencia sanitaria, al igual que por los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y el transporte sanitario urgente.
2. Justa: es una reforma que protege a los más desfavorecidos, especialmente a los parados de larga duración, los pensionistas, los enfermos crónicos y en general aquellos que carecen de recursos. Los desempleados sin prestación, que antes pagaban el 40%, ahora no pagarán nada. Tampoco lo harán los perceptores de rentas mínimas de inserción – que garantiza el derecho a la obtención de medios para satisfacer las necesidades básicas de la vida, cuando éstos no puedan obtenerse del trabajo, o de pensiones y prestaciones de protección social- de pensiones no contributivas y situaciones análogas. Además los pacientes de enfermedades graves y los pacientes crónicos tendrán una aportación reducida del 10%, con un límite máximo de aportación actualizado al IPC.
   
   
3. Solidaria: aportarán más aquellos que tengan rentas superiores. Los valores o grados de aportación para el pago de medicamentos se establecen en función de tres criterios: Renta, edad y grado de enfermedad. Se mantiene la diferencia entre activos y pensionistas -comentado en el post anterior- para estos últimos límites máximos de aportación al mes no superará los 8 o los 18 euros, y sólo en caso de rentas superiores a los 100.000€ se establecerá un límite de 60€.


4. Sostenible: se crea un Sistema Nacional de Salud económicamente sostenible con unas cuentas saneadas. Se establecen unos criterios para lograr el equilibrio presupuestario para tratar de acabar con la deuda contraída.
5. Equitativa: garantiza que todos los españoles sean iguales ante la sanidad pública. Se crea una Cartera Común Básica de Asistencia Sanitaria para que todos reciban las misma prestaciones en todo el territorio nacional. Otra Suplementaria, que incluirá todas las prestaciones que se realizan en el ambulatorio, y otra Accesoria que abarcará todas las actividades, servicios o técnicas, que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles en determinadas enfermedades.



6. Universal: ninguna persona, ya sea nacional o extranjera quedará desatendida. La novedad es que se evitará es uso fraudulento y se controlará el turismo sanitario -que nos cuesta 1.000 millones de euros al año- de modo que se podrá facturar de manera rápida y directa a los países de origen del paciente atendido.
 
7. De calidad: se preserva la máxima calidad en todas las prestaciones. La Red de Agencias de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias será, (similar al NICE británico) será la encargada de pilotar y evaluar la ordenación prevista de una manera imparcial y objetiva.
8. Eficiente: se hará una implantación intensiva de las nuevas tecnologías a través de E-SALUD, que permitirá una tarjeta común, compatible en todo el territorio y un historial clínico digital.
9. Eficaz: Se impulsará el uso de genéricos y se pondrá en marcha el Pacto Sociosanitario que generará ahorros próximos a un 10% de las pernoctaciones hospitalarias. Y se elaborará un nuevo sistema de actualización del Nomenclator.
10. Desarrollo profesional: facilitará la movilidad de los profesionales entre los servicios de salud. Así mismo, se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud, y se regularán las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades como la cirugía cardíaca infantil.

Medidas en Sanidad

La Ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado esta tarde en rueda de prensa las medidas que dicho Ministerio pondrá en marcha con el objetivo de asegurar la configuración de un modelo mucho más solidario, en el que todos colaboramos, evitando las duplicidades y garantizando la calidad y solvencia del Sistema Nacional de Salud que seguirá siendo Universal Público y Gratuito. 

Se proponen tres clasificaciones:

1º Clasificación: Activos y Pasivos:

- Activas : Aquellas personas que esten trabajando o en paro cobrando una prestación por desempleo. Esto incluye:

• Perceptores de rentas mínimas de inserción, parados sin prestaciones desempleo, etc. no tendrán que contribuir
• Rentas inferiores a 18.000€, contribuirán con un 40%
• Rentas entre 18.000 y 100.000€ contribuirán con un 50%
• Rentas superiores a 100.000€ contribuirán con un 60%

- Pasivas: Aquellas personas que tienen una pensión. NO contribuiran al pago de medicamentos. SALVO:

• Rentas entre la pensión mínima y 18.000€ contribuirán con un 10%
• Rentas entre 18.000 y 100.000€ contribuirán con un 10%
• Rentas superiores a 100.000€ contribuirán con un 60%

Como se puede comprobar en ambos casos la participación en el pago de medicamentos dependerá y se ajustará a la renta de cada contribuyente. De esta forma y por primera vez, los parados que no perciban prestación por desempleo no tendrán que pagar medicamentos hasta que se reincorporen a la actividad laboral.

2º Clasificación. Por razón de edad.

El motivo de esta clasificación se produce por el hecho de que las personas mayores tienen un consumo más alto de medicamentos que el resto de la población, de esta forma:

- Jóvenes:

• Perceptores de rentas mínimas de inserción, parados sin prestaciones desempleo, etc. no contribuirán.
• Rentas inferiores a 18.000€, contribuirán con un 40%
• Rentas entre 18.000 y 100.000€ contribuirán con un 50%
• Rentas superiores a 100.000€ contribuirán con un 60%

- Mayores:

• Perceptores de rentas mínimas de inserción, parados sin prestaciones desempleo, etc. no contribuirán.
• Rentas inferiores a 18.000€ contribuirán un límite máximo de 8€/mes
• Rentas entre 18.000 y 100.000€ contribuirán con un 10% límite máximo de 18€/mes
• Rentas superiores a 100.000€ contribuirán con un 60% límite máximo de 60€/mes.

3º Clasificación : En función del grado de enfermedad:

En los enfermos crónicos se mantendrán los topes al igual que la situación que tienen en estos momentos.

En cuanto, al turismo sanitario, España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero. Esto supondrá a las arcas un ahorro de 917 millones de euros.

Conclusión: Estas medidas garantizan que no se de la existencia del copago en Sanidad y que la asistencia sanitaria siga siendo gratuita para todos los españoles.

Por una educación sostenible, eficiente y de calidad.

Ayer lunes de 16 de Abril, el Ministro  de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert ha presentado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación a las Comunidades Autónomas las medidas para facilitar los objetivos de déficit para este año.

Resulta muy importante destacar que esta serie de medidas NO son las Reforma educativa que estudia el Gobierno, pero que sí son imprescindibles para llevarla a cabo.

Son medidas, en primer lugar, de carácter adaptativo al vigente marco legal (no al que se presente posteriormente) y en un segundo término, de dos naturalezas: una serie de medidas tienen carácter coyuntural debido excepcionalidad del momento que serán las que se recojan en el Decreto-Ley y otras, de naturaleza estructural, encaminadas éstas últimas a lograr mejores términos de eficiencia en la gestión de los servicios sin que éstos sean perjudicados.

El Ministro de Educación, ha defendido estas medidas con el objetivo de lograr tanto una mayor fexibilidad en la gestión como una búsqueda de mayor eficiencia., enmarcándola dentro de un ejercicio de ``exigencia de lealtad institucional así como de realismo´´ sentenciando J.I Wert que estas medidas ``son la única manera de mantener a salvo los elementos básicos del servicio público de educación, cuyos cimientos han sido deteriorados gravemente los últimos años´´

A continuación, os enumeramos, separadamente, las distintas medidas:

Medidas de carácter temporal:

• Modificación de las ratios de la LOE con carácter temporal.

- Se propone establecer un margen al alza del 20% en los ratios. Actualmente LOE establece un máximo de 25 alumnos por aula en Primaria y de 30 en Secundaria. (Importante añadir los siguiente)

La evidencia empírica de PISA, de los mejores análisis de Universidades norteamericanas y de las mejores revistas de investigación sobre el efecto de la ratio alumnos-clase en el rendimiento académico concluyen que aumentar el número de alumnos por clase no afecta a su rendimiento académico . (Habiendo margen aún con el ratio de países del entorno)

• Aumento de las horas lectivas del personal docente.

Establecer un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. ( En horas totales de trabajo, incluyendo tutorías, correcciones, estancia en los centros, preparación de clases, los profesores de Secundaria españoles trabajan un 10% menos de horas al año que sus colegas europeos, a pesar de que su remuneración es un 15% superior.)

• Aplazamiento de la implantación de los módulos de 2.000 horas previstos en la LOE para los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior.

Será una medida en principio temporal aunque se tiene previsto que en esa fecha ya esté en marcha la reforma educativa del gobierno.

Medidas de carácter permanente:

• Modificación del criterio de nombramiento de sustitutos determinando que las bajas inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro.  (Lo que se pretende es utilizar con la mayor eficiencia los recursos propios (funcionarios) para en la medida de lo posible no tener que recurrir a nuevos contratos interinos)

• Eliminar la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la LOE. (Mostrando el Ministerio muestra su total disposición al diálogo)

Todas estas medidas en su aplicación remarcó el Ministro, deben ser adaptadas a cada situación específica de cada Comunidad Autónoma y que en ningún caso, como se desprende de las críticas anticipadas de la oposición sin iempo para su estudio, constituyen un recorte de calidad y servicios en el ámbito educativo. Igualmente, estas medidas, que como ya hemos remarcado antes, serán desarrolladas y que sirven para la próxima Reforma Educativa que plantea el Gobierno que  tendrá mayor alcance, constituyendo un inmenso esfuerzo tanto de gestión primeramente para el Gobierno y CCAA como para funcionariado y equipos docentes educativos, pero un esfuerzo que vale la pena afrontar para evitar con ello el ahondar en mayores recortes de fondos emprendidos por el anterior Gobierno materializados en sus últimos PGE de 2011, en los que se optó por el camino fácil, aplicando recortes de un promedio del 8,2% reduciendo así mismo Becas, tanto para profesores como de alumnado así como las partidas destinadas a la agencia de evaluación de la enseñanza ANECA. Dos caminos posibles, pero consecuencias diferentes para la calidad y los servicios de la enseñanza en nuestro país.

La expropiación argentina

Ayer la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la nacionalización de YPF por el 51% de las acciones. Esta maniobra de expropiación es una medida arbitraria que no cumple con los pactos que se llevaron a cabo en el año 92 tras la privatización de la empresa. Pero para entender que ha ocurrido, pongámonos en antecedentes.

En el año 92 Argentina decide privatizar YPF debido a su penosa situación que suponía un lastre para el país. En aquella época la hoy presidenta era diputada de la provincia de Santa Cruz y declaraba fervientemente ante la cámara legislativa: la “Necesidad de sanción del proyecto de Ley nacional ‘Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales’. Entonces requería al presidente Nemem que se llevase a cabo esta acción por el bien del país.

Defendió el proyecto, impulsado por ella, a capa y espada. El 17 de Septiembre de ese año, tán sólo siete días antes de la aprobación de venta, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz declaraba lo siguiente:

    Señor presidente: 

Venimos a requerirle que, a través de una declaración, nuestra Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de Ley de la Nación que trata sobre la transferencia del dominio público de los Yacimientos de Hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentre (trámite parlamentario 78-s-1992) en tanto se juega allí la perspectiva de futuro de nuestra Provincia ya que es aquella norma el marco adecuado para la resolución de las controversias que frente al Estado Nacional hemos tenido. [...]

En ese momento Repsol adquiere un 57% de las acciones reflotando así la compañía y convirtiéndola en una empresa solvente, doblando su producción y el número de contrataciones en su plantilla. Gracias a su inversión e investigación la empresa descubrió un nuevo yacimiento en Vaca Muerta sin explotar que iba a reportar mucho dinero. Un dulce muy goloso para el Gobierno de Kirchner en un momento en el cual atraviesan una crisis de hidrocarburos y que no podían dejar pasar.

Pero la misma que impulsó la privatización ayer sollozaba diciendo estar cumpliendo el deseo de su difunto marido, Nestor Kirchner, de recuperar lo que siempre debió estar en manos de los argentinos. Curiosa maniobra cuanto menos. El problema no es la nacionalización, sino el ataque a Repsol, puesto que la expropiación decretada solo afecta al porcentaje del capital de YPF que estaba en manos de la empresa española. Como ayer declaró el ministro de Industria, José Manuel Soria, no se tocan las acciones de los fondos de inversión estadounidenses ni tampoco a las que son propiedad de los inversores locales, como la familia Eskenazy. Es una ley hecha a medida, que además excluye a otras multinacionales petroleras que operan en Argentina.

El ministro de Industria añadió que “en términos generales cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el Gobierno de España la interpreta como gesto de hostilidad”. La decisión que ha tomado el gobierno argentino es hostil y por tanto se actuará en consecuencia. Desde el Ejecutivo están trabajando en las medidas necesarias, incluido Mariano Rajoy, que durante su visita a América Latina se va reunir con los distintos mandatarios entre los que buscará apoyo para solucionar esta situación.

Trabajadores más preparados y formados

La reforma laboral tiene como objetivo principal el empleo. Para evitar los despidos, el Gobierno de Rajoy apuesta por la preparación como un requisito fundamental para trabajadores y empresas. Es un hecho que aquellos empleados con mayor nivel de estudios han podido mantener sus puestos de trabajo más fácilmente que los que tenían menos o carecían de ella. Por este motivo se crea como novedad el derecho a la formación.

Este derecho persigue evitar que un cambio tecnológico o de otra índole dentro de la empresa suponga el despido del trabajador, además de fortalecer su formación profesional. Para ello los empleados con más de un año de antigüedad gozarán de un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación. Hay que destacar que se podrán recibir los cursos en la propia empresa si esta dispone de instalaciones y del personal adecuado para ofrecerlas.

A esto se le suma la creación de la cuenta formación cuyo objetivo es recoger toda la formación recibida por el trabajador a lo largo de sus vida activa. Además, para reducir el elevado desempleo juvenil y mitigar el abandono temprano de los estudios se instaura un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje. Podrán tener acceso a el los jóvenes de hasta 30 años, y se mantendrá hasta que la tasa de desempleo de este sector baje al 15%. Una vez finalizado este acuerdo laboral, el empleado podrá utilizar esta misma modalidad en otros sectores, lo que le permite una segunda oportunidad.

El Gobierno persigue, sobre todo con esta nueva reforma, la protección del trabajador, por ello se obligará a las empresas a ofrecer formación en caso de adaptación. Es decir, se exigirá al empresario que cuando se lleve a cabo una modificación técnica a la que sus empleados deban amoldarse se les proporcione un curso que posteriormente les permita desarrollar sus funciones adecuadamente. Dicho periodo formativo suspende el contrato y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir por falta de aclimatación si tras dicha formación no se generasen los resultados requeridos.

La reforma laboral también introduce una serie de modificaciones legislativas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. La modificación del contrato a tiempo parcial fomenta la utilización de este acuerdo por parte de las empresas ya que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el empleo y su vida familiar. También se mejora la regulación del teletrabajo, de forma flexible, salvaguardando el derecho a la formación de estos trabajadores. Además se garantiza una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial en el centro de trabajo y a ser informados de las vacantes en puestos presenciales existentes.

La mayor preocupación del Ejecutivo de Rajoy es el empleo y los trabajadores. Por eso esta nueva reforma no sólo garantiza los derechos sino que los amplía para evitar que se produzca el mismo descalabro de despidos que tuvo lugar durante el mandato de socialista de Zapatero. En definitiva, medidas responsables realizadas por un Gobierno comprometido y sensato.

El gran Pacto del Partido Popular

Esta mañana se ha celebrado en la Sede nacional del Partido Popular la reunión de los presidentes regionales y barones autonómicos del partido. Encuentro en el que se ha abordado la situación de todas las Comunidades Autónomas y donde se ha adoptado, lo que la Secretaria General, Dolores de Cospedal, ha definido como el Gran Pacto del Partido Popular para salir de la crisis, entre los gobiernos regionales del PP y el Gobierno de Mariano Rajoy. Un gran pacto que pasa por el apoyo a la senda reformista del Gobierno de España, por la austeridad en la utilización de los recursos de la ciudadanía y la gestión de la crisis sin apartarse un ápice de la realidad. A todo ésto se le ha sumado el compromiso serio de que las regiones gobernadas por el PP cumplirán los objetivos de déficit sin paliativos.

Es necesario un compromiso para garantizar los derechos y servicios sociales básicos, y el partido en el Gobierno tiene el convencimiento de que desarrolla y seguirá desarrollando políticas económicas y sociales que logren volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo. Sólo si aumenta la actividad económica y la ocupación, se podrá garantizar la viabilidad de unos servicios públicos y un estado de bienestar de calidad.

El Gobierno de la Nación ofrece lealtad institucional a las Comunidades Autónomas y no se establecerán nuevos servicios a su cargo sin que estén dotadas de los recursos económicos y técnicos suficientes. De esta manera, se acuerda racionalizar las actividades competenciales de las Administraciones y gestionar el dinero público de la manera más austera y sobria posible.

 

Hay que evitar las duplicidades en el ejercicio de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre éstas y los Ayuntamientos. Es imprescindible eliminar lo superfluo para el mantenimiento de aquellos servicios públicos que son elementales; como son una sanidad y una educación universal y gratuita, ha apostillado la Secretaria General . Más claro, imposible. Por otro lado, los presidentes regionales adquieren el compromiso de que la Ley de Presupuesto Generales del Estado tenga su reflejo en los respectivos presupuestos autonómicos y ven necesaria una rápida aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como la Ley de Transparencia

Como ha recordado Cospedal, las Comunidades Autónomas no son el problema, sino que tienen que ser parte de la solución. El mensaje del presidente del gobierno ha sido nítido. Ha vuelto a trasladar la confianza de que cumpliendo lo anteriormente mencionado y haciendo frente a los objetivos de déficit que los presidente autonómicos han prometido cumplir, saldremos adelante.

Una reforma para los jóvenes y los parados

El objetivo del Gobierno con la nueva reforma laboral es mejorar la situación de los jóvenes y de los parados de larga duración. Estas medidas tienen como principio el repunte de la economía y la reducir la tasa de desempleados, especialmente en estos dos colectivos, los más afectados por la crisis.

A partir de ahora las agencias privadas de colocación (ETTs) se sumarán a la tarea de la búsqueda de empleo. Es decir, en ningún caso podrán percibir parte del salario los trabajadores por prestar sus servicios.

Por otro lado, para todo el ámbito laboral el despido como última alternativa. Esta reforma aporta una mayor flexibilidad al empresario y trabajador para que modulen sus condiciones laborales con respeto a la situación que atraviesen. Los ajustes en la economía española se hacen en su gran mayoría por la vía del despido. Este nuevo marco jurídico favorecerá alternativas como la revisión de horarios, salarial o adaptación en las funciones.

Además de todo ésto, se plantean importantes bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros por la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años. En suma, se fomenta el contrato para la formación y aprendizaje entre jóvenes de hasta 30 años. La formación se configura como un nuevo derecho individual del trabajador, básico y fundamental que le permitirá un importante progreso en su vida laboral, con la finalidad de evitar el temprano abandono de los estudios. Todo ello con un objetivo clave y que siempre se ha configurado como prioridad del actual Gobierno: reducir la tasa de desempleo juvenil por debajo del 15%. Para los parados de larga duración mayores de 45 años se establecen bonificaciones de hasta 4.500 euros por contratación indefinida.

El Partido Popular ha sido el encargado de poner fin a uno de los motivos principales que avocaban a la precariedad laboral y que ahora pasmosamente denuncia el PSOE: se pone fin al encadenamiento de contratos temporales más allá de los 24 meses. Además se configura un nuevo modelo de contrato a tiempo parcial que permite compatibilizar el empleo con los estudios y la vida personal y familiar.

Éstas son algunas de las verdades de lo que busca la nueva reforma laboral más allá de las tergiversaciones de partidos de izquierdas y de sindicatos. No nos dejemos engañar, es necesario tener las cosas claras.

No es lo mismo

Hoy en sesión Parlamentaria la Vicepresidenta, Soraya Saéz de Santamaria, le ha replicado a su tocaya y portavoz del grupo parlamentario socialista que no es lo mismo “coger un país con superávit que uno con un 8,5% de déficit”. Y es que como dice la canción “no es lo mismo... es distinto”.

Quieren que no hablemos de la herencia recibida, que la ignoremos como hacen ellos, pero no podemos. La situación no viene de la nada, y disculpen que insistamos, pero no es lo mismo. Cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2004 se encontró con un país fuerte, con una situación económica favorable y con las arcas de la Seguridad Social boyantes. El PP salió de la Moncloa dejando a Zapatero las cuentas saneadas y se las encontró, otra vez, en 2011 ruinosas.


Sorarya Saéz de Santamaria hoy en la sesión de control al Gobierno

Sin embargo, cuando el pasado mes de Diciembre el Gobierno de Rajoy tomó el mando, descubrió que todo eran deudas y mentiras. Era el momento de tomar decisiones, hacer reformas y medidas duras y costosas dado que la situación lo requería con urgencia. Los españoles dieron su confianza al Partido Popular para que se formase un ejecutivo fuerte que tomase el toro por los cuernos y que luchase por sacar a España adelante.

Pero la situación económica es dura y por tanto hay que tomar medidas excepcionales, que aunque nos ofrezcan resultados a corto plazo, no queda más remedio que hacer. El año pasado se gastaron 90.000 millones de euros más de los que se ingresaron, un dinero que ahora hay que pedir a los mercados.

En los últimos meses Rajoy ha realizado numerosas reformas y este viernes tras el Consejo de Ministros anunciará otras nuevas. Entre ellas un plan de lucha contra el fraude fiscal, de la que ha adelantado que no se podrán hacer pagos en efectivo por importe superior de 2.500 euros cuando participen empresarios profesionales y que, en el caso que se detecten, se impondrá una multa del 25% del pago que se realice.

Es evidente que las medidas que se están llevando a cabo son duras y no son plato de buen gusto para nadie, incluído el propio Ejecutivo, que no tiene más remedio que llevarlas a cabo. De hecho Mariano Rajoy tras comparecer en sesión parlamentaria ha declarado: "nuestra principal obligación en estos momentos es decidir, gobernar y sacar a España de la situación en la que nos encontramos". En definitiva, no es lo mismo que gobierne el PP que “desgobierne” el PSOE.

La amnesia socialista

Parece que fue ayer cuando el PSOE gobernaba en España...y es que hace tan sólo unos meses que el ejecutivo de Zapatero “jugaba” con el dinero de los españoles. Parece que nunca estuvieron y que sufren de amnesia aguda. Quizá sea necesaria una revisión médica a fondo en la calle Ferráz para diagnosticar cual es el problema.

Los mismos que ayer negaban la crisis, tildaban de antipatriotas a todo aquel que se atreviese a pronunciar la palabra maldita, y se llenaban la boca de brotes verdes, hoy acusan al PP de mentir. Ellos que se valieron de eso en su campaña de 2008 para ganar las elecciones y seguir dando subvenciones a diestro y siniestro como si el dinero sobrase. Rajoy se lo avisó y no hicieron caso.

Pasados tres años la situación era insostenible y ellos lo sabían. Eran conscientes de la que se nos venía encima en 2012 y decidieron que era el momento de cargarle a otro con el muerto. Mintieron diciendo que dejaban un déficit del 6% -que resultó ser del 8,5%- y dejaron las arcas de la Seguridad Social con una deuda de 995 millones de euros.

Ahora se llevan las manos a la cabeza porque al Gobierno de Mariano Rajoy no le queda más remedio que hacer reformas y contener el gasto público. Se les olvida que ellos en los Presupuestos Generales para el 2011 recortaron en Sanidad un 8,2% frente al año anterior y un 8,1% en Educación, las mismas partidas que ahora denominan como líneas rojas. Se les habrá olvidado, pero los españoles aún temblamos con su terrorífica herencia.

Parece que tampoco se acuerdan de lo que hicieron con las arcas públicas en los dos últimos años de su gobierno. Han dejado una brecha fiscal presupuestaria de 12 puntos en tan sólo dos años que nos ha llevado a una situación de colapso financiero, y aún estamos esperando a que nos lo expliquen. Si hubiesen hecho los deberes hoy se recortarían 18.000 millones de euros menos en los presupuestos, pero claro, también se les olvidó hacerlos antes de acabar su mandato.

Pero según parece también se despistaron ocultando la deuda que dejaron a los proveedores de la sanidad de 15.000 millones de euros, o que ADIF, AENA y RENFE deban 40.000 millones de euros y las eléctricas 24.000 millones.

Quizá en el Partido Socialista hayan perdido la memoria y piensen que los españoles no nos acordamos de nada, pero la cruda realidad y la economía nos recuerdan todos los días cuales fueron sus acciones y como nos han dejado. Será mejor que acudan urgentemente a hacerse un chequeo médico y se dediquen a hacer una oposición seria, aunque ciertamente...¿Cuándo la han hecho?

El PP garantiza la gratuidad en la Sanidad pública

El Gobierno de Mariano Rajoy sigue con su intención reformista y de compromiso para garantizar la salida de la crisis. Esta vez el afán por desinformar y tergiversar ha llegado a la Sanidad. Una vez más vuelven con la cantinela del copago. El Ejecutivo trabaja por una Sanidad universal, sostenible y equitativa para conservar nuestro sistema sanitario y hacerlo más equitativo y más fuerte.

El único interés del PP es propiciar una sanidad pública, gratuita y sostenible. Esa es la realidad y no la que nos quieren contar. Todas las medidas que el Gobierno está impulsando van encaminadas a lograr ese fín. La ministra de Sanidad Ana Mato ha adelantado ya algunas de las reformas que llevarán a cabo en esta materia:

1. Una cartera de servicios común, que garantice que todos los españoles gocen de los mismos derechos sanitarios en todo el país;
2. Un control de las compras, para poder abaratar los costes;
3. La creación de una tarjeta única en toda España, que garantice un servicio mejor y más rápido.

Además, José Ignacio Echániz, secretario nacional de Sanidad, destaca la importancia de los ajustes que se están realizando en las CC.AA que tienen como finalidad ahorrar gasto improductivo e innecesario. Las reformas estructurales que se están abordando conseguirán que de nuevo empiecen a fluir fondos suficientes para poder financiar el sistema sanitario.

Pero no podemos olvidar que esta situación que ha llevado al gobierno de Rajoy a tomar medidas drásticas no viene de la nada. La brecha fiscal en los dos últimos años ha sido de 12 puntos y si el gobierno socialista hubiese cumplido con sus compromisos con la UE, hoy el ajuste sería de 18.000 millones de euros menos. El año pasado, el anterior ejecutivo gastó 90.000 millones más de lo que ingresó, dinero que ahora hemos tenido que pedir prestado. Como consecuencia de su despilfarro nos vamos a dedicar a pagar intereses de la deuda pública de 29.000 millones de euros.

Ante esta nefasta herencia el gran reto del PP es darle la vuelta a la situación y recuperar la confianza de Europa y la financiación a través de:

- El Control del déficit público: no gastar más de lo que se tiene;

- Devolver el flujo de crédito a familias y pymes: sin crédito, no hay inversión y sin inversión no hay empleo;

- Recuperar la competitividad: hay que modificar muchas leyes que debieron modificarse en los últimos años para poder competir.

Presupuestos Generales y Amnistía Fiscal

Hoy el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que no obtendrá aprobación definitiva hasta el mes de junio. Un presupuesto austero, equilibrado, justo y responsable; propio de un Gobierno que debe estar a la altura de las circunstancias y ser responsable ante la crítica situación que vive España.

Estos presupuestos pretenden atajar el problema que agrava la recesión y conlleva la pérdida de puestos de trabajo: la financiación de la economía caracterizada por el alto grado de endeudamiento. Por ello el déficit es uno de los enemigos que este Gobierno debe combatir.

El déficit público hace daño a la economía española y es objetivo irrenunciable reducirlo hasta el 5,3% fijado. Si el Gobierno de Zapatero y demás miembros mediocres de su gabinete hubiesen cumplido el compromiso del 6%, ahora tendríamos que recortar 18.000 millones de euros menos y 10.000 menos el año que viene. Se trata de unos Presupuestos que no gustan, porque son duros, pero imprescindibles y necesarios para asentar las bases de la recuperación.

Se llevará a cabo una reducción de gastos de manera justa y equitativa, priorizando unos gastos antes que otros. Se mantiene y sube ligeramente el gasto en pensiones, como prometió en su discurso de investidura, así como el gasto en desempleo (4 de cada 10 euros de los presupuestos se destinan a pensiones o prestaciones por desempleo). No se reduce el sueldo de funcionarios públicos y, sobre todo, el IVA no se tocará. Aquí está el eterno discurso del PSOE, artífice del incremento del impuesto indirecto por antonomasia, que tiene la misma incidencia en cualquier ciudadano independientemente de su renta y capacidad adquisitiva. Se tratan de decisiones justas, porque uno de los principales problemas económicos es la falta de consumo interno que lastra la recuperación económica.

En cuanto a la Amnistía Fiscal que plantea el Gobierno, se trata de una medida impopular, pero existía otra opción totalmente descartada por el Gabinete de Rajoy, y que acaba de ser tratada: la subida del IVA. Estamos ante una decisión extraordinaria para reconducir la situación totalmente excepcional. Es momento de adoptar medidas eficaces y una subida del IVA, a pesar de ser una potente arma recaudatoria, ahoga el consumo, como siempre ha defendido el Partido Popular. Hay mucha economía sumergida y hay que conseguir que el dinero venga al circuito económico legal. No se trata de una regularización gratis sino que establecerá un tipo del 10%. Se hará de una sola vez y en un período corto.

Carlos Floriano, Vicesecretario de Comunicación y Electoral, matizó las diferencias entre los propuestos realizados por el Gobierno actual y lo que estudió hacer el gobierno socialista. Además estas medidas vendrán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones dentro del plan de lucha contra el fraude como anunció ayer el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Estamos en un proceso que a corto plazo es complicado. No obstante, asentados los cimientos que nadie ve pero nadie duda que son imprescindibles, España volverá a estar en el lugar que se merece, siendo fiable y cumpliendo sus compromisos.

100 días de buen gobierno

Sin duda alguna, reforma es la palabra más repetida en las agendas de todos los ministros populares y del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 100 días de Gobierno que han permitido asentar las bases para un futuro de España con esperanza. Son reformas que llevan a la recuperación. Es pronto para notar efectos, pero pronto veremos los primeros avances. Esta batería de reformas terminan por el momento con la aprobación de unos Presupuestos Generales austeros, equilibrados y responsables que han tenido un fuerte respaldo del Eurogrupo.

El pasado 21 de diciembre, Mariano Rajoy asumía la presidencia del Gobierno fijando como prioridades la salida de la crisis y su compromiso con el empleo, todo ello bajo el principio de austeridad que vino con un necesario plan de ajuste. Con el Partido Popular al frente del Gobierno de la Nación se acabaron los despilfarros, los derroches y los planes absurdos. Hemos pasado mucho tiempo viviendo por encima de nuestras posibilidades y eso se tiene que terminar.

Hagamos un repaso de las principales medidas adoptadas por materias:

1. Reducción del gasto público: La primera medida se tomó el pasado 30 de diciembre y pasó por una drástica reducción del gasto público de casi 9.000 millones de euros afectando a altos cargos, subvenciones a sindicatos, empresarios y partidos políticos, así como la congelación del sueldo de los empleados públicos. La siguiente decisión se centró en un Plan de Reestructuración del Sector público empresarial. La Administración no puede asumir un coste tan elevado por entidades de las que no se sacaba provecho, por ello se anunció la eliminación o desinversión de hasta 45 de estas empresas públicas.

2. Reforma del Sistema Financiero: se adelantó unas cuantas semanas ante la situación de urgencia que vive nuestro país. De tal manera, se aprobó con enorme consenso gracias al apoyo de PSOE y CIU, una importante reestructuración del sector bancario que permitirá además, que el crédito vuelva a fluir entre familias y sector empresarial. Por otro lado no olvidar que, a sensu contrario de los indultos a banqueros que llevó a cabo el PSOE, el PP limitó los escandalosos sueldos de altos cargos de las entidades financieras españolas.

3. Reforma Laboral: se aprueba una reforma justa, necesaria y equilibrada para hacer frente a los más de cinco millones de parados. España no está para tonterías con una tasa de paro de casi el 23% y con uno de cada dos jóvenes en paro. Desde 2007, durante los Gobiernos de ZP se destruyeron más de dos millones y medio de empleos. La situación requiere de una reforma a la altura. Una reforma que se centra en jóvenes, emprendedores, PYMES y parados de larga duración con dificultades para la inserción laboral. Un Gobierno responsable es el que saca adelante medidas como éstas. Irresponsabilidad es la que han demostrado PSOE y sindicatos. Sin duda, la huelga general, a pesar de ser un derecho legítimo y respetable no creó un sólo puesto de trabajo el pasado 29 de marzo. Esta reforma empezará a crear empleo a medio plazo.  

4. Lucha contra el déficit: Hemos pasado del gobierno de la falacia, al gobierno de la rigurosidad que afronta la situación con valentía. Las cifras de déficit muestran el despilfarro y derroche de la izquierda, que muy lejos de saber gestionar, ha tirado el dinero de los españoles con inversiones como el Plan E que no detuvo la destrucción de empleo en la construcción. Gracias a cosas como éstas, Mariano Rajoy ha llevado a cabo rigurosas medidas de contención del gasto para la reducción del déficit. En ocasiones se han tomado decisiones duras que han incidido de manera directa en los ciudadanos (subida temporal y extraordinaria del IRPF), pero son medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Los socialistas gastaron más de lo que ingresaron, ahora tocar hacer ajustes e intentar que, en la medida de lo posible, los menos afectados sean los ciudadanos. Tenemos un 8,5% de déficit, más de dos puntos de lo que el PSOE indicó. Y tenemos por delante un objetivo claro que cumplir para en 2013 llegar al 3% que marcan las instituciones europeas. Que no quepa duda que cumpliremos.

5. Otras medidas económicas: Debemos destacar que unas de las primeras medidas tomadas fue la de la revalorización de las pensiones, a diferencia de un PSOE que las congeló por primera vez en la historia democrática. Por otro lado, el ejecutivo ya ha puesto en marcha el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que desarrolla la reforma constitucional que contó con el amplio apoyo de PP y PSOE. Se acabaron las tonterías, ninguna administración podrá gastarse lo que no tiene, y sus responsables tendrán que hacer frente a su mala gestión. Además de ésto, se ha aprobado un fondo de crédito de hasta 35.000 millones de euros. Un Plan para Proveedores para que las administraciones hagan frente a sus pagos y no avoquen a la ruina a muchas pequeñas y medianas empresas que, en algunos casos, tuvieron que bajar la persiana como consecuencia del impago.

6. Reforma educativa, justicia, sanidad y fomento: El ministro Wert ha anunciado ya una importante reforma que pasa por la sustitución de la asignatura adoctrinadora de Educación para la Ciudadanía, y modificaciones en el Bachillerato y la Formación Profesional. En justicia, el ministro Gallardón presentó una batería de medidas que han sido consideradas como una auténtica revolución en una justicia obsoleta que debe adaptarse al siglo XXI. Sanidad es consciente de la delicada situación pero comprende que estamos en un momento histórico para afianzar y consolidar el sistema. Reitera su compromiso con las ayudas de dependencia, y garantiza un Plan Integral de Apoyo a la Familia. Fomento presentará próximamente un Plan de Inversiones en Infraestructuras, Transporte y Vivienda. No podemos olvidar la desoladora situación del ministerio gracias a los 40.000 millones de deuda que dejaron los socialista.