Sanidad para todos

La reforma sanitaria sigue garantizando la asistencia gratuita para todo el mundo. Ningún ciudadano va a quedar desantendido, ni los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas, ni los que residen en situación irregular.

Con esta medida se trata de evitar los abusos del sistema sanitario español, que supone un gasto desmedido, que el país no puede afrontar. La nueva normativa asegura que recibirán, siempre, asistencia los casos de urgencia, ya sea por enfermedad o por accidente, hasta la situación de alta médica. Asimismo se prestará el servicio en los casos de embarazo, parto y postparto y a los extranjeros menores de 18 años, en todos los casos, y en las mismas condiciones que para los españoles.

En lo referente a los turistas, si son comunitarios, se facturará la asistencia a su país a través de su tarjeta sanitaria europea. En el caso de que no la tengan o si son extracomunitarios, se tramitará por medio de sus seguros de viaje. De igual forma, en este caso, habrá que aplicar lo que esté establecido en los convenios bilaterales con terceros países suscritos por España.

También se atenderán los casos de interés humanitario, con convenios similares a los que ya se utilizan, como por ejemplo, traer a niños enfermos de países en desarrollo para que sean tratados en España.

Los extranjeros que se encuentren en situación irregular tendrán de plazo hasta el 31 de agosto de 2012 para cumplimentar los trámites legales que les permitirán obtener la tarjeta sanitaria. A estos efectos, a partir de ahora, además del padrón, se pedirá también la residencia legal.

El fin de todas estas reformas es buscar una solución que, dejando a salvo situaciones asistenciales especiales, evite determinados abusos que se venían produciendo. Muchos de ellos debidos, en gran parte, a la negligente transposición que hizo el Gobierno socialista de la correspondiente Directiva Comunitaria. Omitieron el artículo 7 de la Directiva de derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión, que prohibía explícitamente desplazarse en busca de asistencia sanitaria, que puedan obtener en su propio país.

Tenemos que recordar, que según el último informe del Tribunal de Cuentas, España ha dejado de facturar a otros países la asistencia médica y famaceútica a más de 700.000 ciudadanos extranjeros en sólo un año (2009), que ha suspuesto un despilfarro de casi 1.000 millones de euros. El Real Decreto Ley tiene como objetivo acabar con el “turismo sanitario”que estaba causando un agujero a las arcas, que no recuperaremos gracias a Zapatero.

Por tanto, el objetivo de esta norma no es dejar sin asistencia médica a ciudadanos de otros países como desde el PSOE se empeñan en transmitir. De hecho el único interés del Gobierno es que se pongan fin a los abusos que perjudican seriamente a nuestro Sistema Nacional de Salud.