Es necesario un compromiso para
garantizar los derechos y servicios sociales básicos, y el partido
en el Gobierno tiene el convencimiento de que desarrolla y seguirá
desarrollando políticas económicas y sociales que logren volver a
la senda del crecimiento y la creación de empleo. Sólo si aumenta
la actividad económica y la ocupación, se podrá garantizar la
viabilidad de unos servicios públicos y un estado de bienestar de
calidad.
El Gobierno de la Nación ofrece
lealtad institucional a las Comunidades Autónomas y no se
establecerán nuevos servicios a su cargo sin que estén dotadas de
los recursos económicos y técnicos suficientes. De esta manera, se
acuerda racionalizar las actividades competenciales de las
Administraciones y gestionar el dinero público de la manera más
austera y sobria posible.
Hay que evitar las duplicidades en el
ejercicio de las competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas y entre éstas y los Ayuntamientos. Es imprescindible
eliminar lo superfluo para el mantenimiento de aquellos servicios
públicos que son elementales; como son una sanidad y una educación
universal y gratuita, ha apostillado la Secretaria General . Más
claro, imposible. Por otro lado, los presidentes regionales adquieren
el compromiso de que la Ley de Presupuesto Generales del Estado tenga
su reflejo en los respectivos presupuestos autonómicos y ven
necesaria una rápida aplicación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, así como la Ley de Transparencia
Como ha recordado Cospedal, las
Comunidades Autónomas no son el problema, sino que tienen que ser
parte de la solución. El mensaje del presidente del gobierno ha
sido nítido. Ha vuelto a trasladar la confianza de que cumpliendo lo
anteriormente mencionado y haciendo frente a los objetivos de
déficit que los presidente autonómicos han prometido cumplir,
saldremos adelante.
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