Ante
la
inviabilidad del nuestro Sistema Nacional de Salud
que arrastra una deuda
de más de 16.000 millones de euros heredados del anterior Gobierno
socialista,
el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe de tomar las medidas oportunas
para garantizar a todos los españoles un servicio de máxima
calidad, universal y gratuita. Para ello, la ministra de Sanidad, Ana
Mato, eliminará a partir del próximo 1 de septiembre la tarjeta
sanitaria a aquellos inmigrantes ilegales que estén en nuestro país
de manera irregular.
Es
necesario buscar tanto el equilibrio
social como el económico,
y los ciudadanos tienen que entender que si queremos seguir
disfrutando de un sistema sanitario como el que tenemos ahora, son
necesarios ajustes que permitan su continuidad. No podemos caer en la
demagogia de quienes consideran esta medida como una atrocidad
aumentando la carga económica que cada español aporta a la
asistencia sanitaria.
Desde
la Unión Europea, se
garantiza la asistencia básica para todos los inmigrantes
que incluya especialmente las urgencias, la asistencia obstétrica y
pediátrica. De igual manera, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud establece expresamente:“La
asistencia básica,
es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al
embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se
mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en
situación irregular”.Por
lo tanto no puede darse lugar a demagoia barata sobre que las
personas en situación irregular dejarán de recibir todo tratamiento
sanitario que se precise.
El Doctor
Ángel LM de Francisco,
doctor en Medicina y médico en el Hospital Universitario de
Valdecilla (Santander) hace una magnífica
síntesis
de la regulación que, sobre esta materia, establecen nuestros socios
comunitarios. Como podemos comprobar, son
legislaciones que pretenden proteger sus propios sistemas de salud
para seguir garantizando que la asistencia sea pública y gratuita
para los ciudadanos de esos estados.
La
cuestión es muy simple. Los extranjeros
en situación irregular no pueden tener derecho a la tarjeta que
supone un aseguramiento público ilimitado.
De lo contrario, traen a familiares que no residen en España
únicamente para operarse, regresando después a su país. Ésto crea
un efecto llamada que España ya no puede mantener.
Los
abusos de la sanidad española han sido excesivos.
De hecho, así lo demuestra el Tribunal de Cuentas que indica que
España ha dejado de facturar a otros países la asistencia médica y
de farmacia a más de 700.000 ciudadanos de otros países, sólo en
el año 2009. Ésto ha supuesto un despilfarro de casi 1.000 millones
de euros. Es lo que se conoce como “turismo sanitario” y que se
pretende regular por el ministerio.
En
ningún caso se pretende sacar de la asistencia sanitaria a los
inmigrantes irregulares, sino frenar estos abusos. Por cierto, el
Parlamento
europeo ha sido claro con este tema:
“los
médicos no deben prestarse a prácticas que favorezcan el fraude o
la trasgresión de la legislación nacional con la excusa de realizar
actos humanitarios.”
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