
Pues bien, tras siete querellas y una veintena de denuncias presentadas, el Tribunal de Superior de Justicia de Catalunya imputa al president Artur Mas, a la consellera Irene Rigau y a la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, por un delito de desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. Ahí es nada.
Estando a dos días después de las Elecciones catalanas, Artur Mas queda en la posición de quien ha violado la legalidad. De quién se ha gastado el dinero del contribuyente en fines ilegítimos, de quien hizo caso omiso a las leyes y a los pronunciamientos judiciales. Y por todo ello tendrá que responder ante la justicia.
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