STOP Escraches

¿Es legítimo acosar a un diputado hasta en un lugar tan privado como es su hogar? ¿Es aceptable seguirles, coaccionarles y amenazarles con el fin de la votación de una ley? Este tipo de prácticas, a día de hoy, llamadas escraches, son las que se están llevando a cabo para obligar a los diputados a que voten a favor de la ILP relativa a los desahucios promovida por la PAH.

Esta Plataforma, liderada por Ada Colau, es la que está promoviendo este tipo de acciones, la cual consiste en atosigar y amedrentar a los diputados hasta en su casa, tal y como le ocurrió hace un par de días a Esteban González Pons en su domicilio de Valencia, en donde se encontraban sus hijos menores de edad, al ministro Ruíz Gallardón o al líder del PP Vasco, Antonio Basagoti entre otros miembros del PP. Un ejemplo más reciente ha sido quemar la puerta de la casa de un Alcalde del PP en Badajoz.

Otra de las peculiaridades de estos escraches es que única y exclusivamente están dirigidos a los diputados y miembros del Partido Popular, a quienes amenazan e insultan en su domicilio, con sus familias y la utilización de vías no democráticas como la violencia para imponer el criterio de la PAH.

El tema de los desahucios no es nada nuevo, aunque ahora Ada Colau y los suyos se empeñen en lo contrario mientras criminalizan al Partido Popular. Cabe recordar que ya en el año 2008, el PSOE agilizó el procedimiento de los desahucios creando nuevos juzgados para llevar a cabo esta tarea y además, en ningún momento de la legislatura, hicieron nada por modificar la ley y amparar a los afectados. En cambio, el PP a lo largo de este último año ha lanzado una batería de medidas para paliar este problema y garantizar a las familias desahuciadas un techo.

Ada Colau, la cabeza visible de este movimiento, que tiene como abogada a Doris Benegas, en su día número 2 en las listas de batasuna, y además participe en homenajes a algunos terroristas, pertenece a su vez a la ONG DESC, la cual ha recibido a lo largo de estos años 3,7 millones de euros en subvenciones las cuales han ido destinadas a proyectos tan variopintos como “promover el derecho de la alimentación en Paraguay” pero a afectados por las hipotecas en España no.

En un país democrático no deberían tener cabida estas acciones  de los que intentan imponer sus ideas a través de la coacción y la violencia. Estas formas similares a las de la Kale Borroka no se deberían aceptar ya que hay otra vía para modificar las leyes y es a través de las urnas y el Congreso o Senado.