La realidad de las tasas judiciales

 Las ya conocidas tasas judiciales constituyen un sistema de financiación de la Administración de Justicia desde el año 2002. De ellas se habla enormemente estos días como consecuencia de la polémica Ley aprobada por el Gobierno que impone nuevas tasas en primera instancia en la jurisdicción Civil, en la Contencioso-Administrativa y en la jurisdicción Social, ésta última exclusivamente cuando se recurra.

Frente a los críticos, es preciso matizar que el aumento de tasas no vulnera en ningún caso el principio a la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución, es decir, no se verá quebrantado el derecho de ningún ciudadano a acceder a la Justicia. La nueva legislación cumple escrupulosamente con la doctrina del Tribunal Constitucional y la legislación tributaria. Al fin y a la postre, la tasa cubre sólo una pequeña parte del coste efectivo del servicio.

Se achaca a esta medida fines recaudatorios cuando en realidad apenas supone el 10% del presupuesto total de Justicia, en realidad lo que se pretende es terminar con el abuso y las prácticas dilatorias solo para que tarde más la sentencia en ejecutarse. Un ejemplo es que el 90 por ciento de los recursos en casación, vienen a confirmar la primera sentencia. Pero no sólo se pretende evitar la saturación que vive la Justicia: se ha aprobado ya la Ley de Mediación con el apoyo de otros grupos parlamentarios, y la Ley de Jurisdicción Voluntaria ya está en marcha.

Con o sin tasas, la Justicia en España no es gratuita pues, todo ciudadano con recursos debe de actuar con la correspondiente asistencia de procurador y letrado. Sus minutas y honorarios, que sin duda superan con creces la cuantía de las tasas, nunca han sido cuestionadas.

De tal forma, para más aclaración, os dejamos una lista de personas y procesos exentos del pago de la tasa:

• Los beneficiarios de Justicia Gratuita (se propone elevar el umbral de beneficiarios a quienes cobren menos de 2,5 veces el IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- a 15.975 €; actualmente se sitúa en 14.910 €). La Justicia seguirá siendo gratuita para quienes verdaderamente carezcan de recursos, para que el derecho a la tutela judicial efectiva nunca se vea vulnerado.
• Los procesos penales estarán exentos al 100 por cien. De hecho, este tipo de procesos supone el 72% del total, según el informe de 2011 de la Justicia elaborado por el CGPJ.
• La primera instancia en el orden Social. En la segunda, si quien recurre es el trabajador, la cuantía de la tasa se reduce un 60%.
• Procesos de capacitación, filiación y menores que corresponden al orden civil.
• La protección de Derechos Fundamentales.
• En la jurisdicción Civil, quedan exentos los procesos monitorios (inferiores a 900 €) y los verbales (inferiores a 2.000 €).