El Estado evita la quiebra de las carreteras

En los últimos años han surgido algunos problemas en España en determinados contratos concesionales relavitos a nuestras carreteras. 

Determinadas sociedades concesionarias de autopistas de peaje afrontan problemas financieros fundamentalmente debidos al sobrecoste de las expropiaciones, así como a la diferencia entre los tráficos esperados y los realmente existentes. Las consecuencias de la quiebra de las concesionarias son las siguientes:

• La Administración General del Estado debería hacerse cargo del servicio público, liquidando las inversiones ejecutadas por el concesionario en terrenos, obras e instalaciones, deducida la cuota de amortización  acumulada que en función del número de años corresponda.
   

• Por lo tanto, la Administración General del Estado debería hacer frente al pago de aproximadamente 3.550 M€ en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración y de 1.250 M€ en concepto de pago de expropiaciones.

El gobierno socialista puso en marcha las cuentas de compensación y los préstamos participativos. De seguir adelante con ellos, estaríamos aportando en el periodo 2013-2015, 1.200M€ en concepto de Préstamos Participativos para hacer frente al exceso en las expropiaciones, y entre 300-350 M€/año de forma recurrente, al menos durante 15 años, en concepto de Cuenta de Compensación para abordar el diferencial entre ingresos previstos y reales, superando en varios casos el 50% de los ingresos totales y provocando que tanto los fondos que se consignen como el endeudamiento de las sociedades pueda computar como déficit del Estado.

Zapatero miró hacia otro lado, sin importarle que en un breve espacio de tiempo el Estado tuviera que asumir la responsabilidad patrimonial por la quiebra de las concesionarias por un valor de 4.800 millones de euros.

El Gobierno está trabajando para aplicar la mejor solución a este problema que tienen las concesionarias, pero, sobre todo, que sea la mejor opción para el interés general, porque es lo que nos corresponde hacer como gestores públicos. Por eso, se está dialogando con todas las partes, para encontrar una solución equilibrada y razonable, que, en ningún caso suponga la aportación de fondos públicos de todos los españoles.