Garanticemos las Pensiones

El pasado viernes, en el Consejo de Ministros, se aprobó un paquete pionero de medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal y así garantizar el futuro de las pensiones. Tal y como indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior, era necesario adaptar el sistema de pensiones a los fenómenos demográficos que puedan afectar a su estabilidad como es la inferior tasa de natalidad y una mayor esperanza de vida. Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, se han presentado estas medidas para garantizar el sistema público de pensiones.

Se va a elevar la edad de jubilación anticipada: la voluntaria, de los 63 años a los 65 en 2017 y la involuntaria de los 61 a los 63 en el mismo año. Se fija un periodo mínimo de cotización, de 35 años en el caso de la jubilación voluntaria y de 33 en el caso de la forzosa. Otra de las novedades que se introducen es la posibilidad de compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión con permanencia en un trabajo, una vez cumplida la edad legal de jubilación.

En palabras de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, se pretende “hacer que la jubilación anticipada se reserve para los trabajadores con largas carreras de cotización e introducir mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y la pasiva, es decir entre la pensión y el salario”. Además cabe recordar que uno de cada dos trabajadores accede a la jubilación antes de alcanzar la edad legal, lo que supone un coste para la Seguridad Social de 7.000 millones de euros al año.

Estas medidas, a su vez, están pensadas para evitar la discriminación por razón de edad, con una política económica que garantiza las pensiones, además de facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Con este tipo de decisiones no es la primera vez que el Gobierno de Rajoy garantiza las pensiones, a finales del año pasado se consiguió, a pesar de la coyuntura económica, que subieran las pensiones, no como el gobierno socialista de Zapatero que en el año 2010 las congeló. En este tipo de actuaciones se vuelve a observar que el Gobierno no deja desamparado al colectivo de los pensionistas.