#Laverdad de la reforma financiera

Viernes de reformas, viernes de salida de la crisis. Como viene siendo habitual, desde que Rajoy llegó a la Moncloa, esta semana se ha vuelto a aprobar en el consejo de ministros otro nuevo paquete de reformas. En este caso la continuación de la tan necesaria reforma financiera que el anterior ejecutivo socialista dejó pendiente de hacer.

Con esta reforma financiera se busca avanzar y profundizar en el saneamiento del sector financiero con el objetivo de recuperar la confianza y garantizar la solvencia en un entorno difícil para la economía española. Con estas nuevas medidas los bancos deberán poner 30.000 millones de euros más para respaldar sus activos mobiliarios no problemáticos, además este esfuerzo adicional se hará con cargo a las entidades.

En caso de situaciones extraordinarias, en las que las entidades tienen carencia de capital, se podrán acoger al FROB (fondo de reestructuración ordenada bancaria) presentando previamente un plan de viabilidad, que si cumplen, recibirán un préstamo que tendrán que devolver con intereses. Aparte de esto, deberán crear sociedades externas que gestionen sus bienes inmuebles para sacarlos al mercado y facilitar el acceso a la vivienda vendiéndola a su precio real de mercado.

Se trata de una segunda fase de la reforma financiera emprendida en febrero pasado y con ella se busca que fluya el crédito y facilitar la vivienda a precios asequibles.

En este último consejo de ministros además de la reforma financiera también se aprobaron las modificaciones para el alquiler de las viviendas y del código penal. La primera consiste en priorizar el acuerdo entre las partes para negociar la actualización de los precios del alquiler o la duración del contrato. Se busca que haya mayor seguridad jurídica tanto para el arrendados como el arrendatario y también facilitar el acceso al alquiler.

También se han aumentado la pena de prisión por delitos fiscales, de 2 a 6 años, y los plazos de prescripción de los delitos han aumentado a 10 años. Además se ha creado un nuevo tipo de delito por el cual se pena la falsificación de las cuentas públicas cuando de este modo se crea un peligro para el patrimonio público administrado. Se agravan las penas en los delitos contra la seguridad social como podría ser la creación de las "empresas fantasma" sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública.