El Plan irá dirigido al ahorro, la reducción de costes y al saneamiento de las finanzas públicas, de forma que el despliegue inmobiliario de la Administración sea más eficiente y menos costoso. Para ello se ha creado una Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP). En ella se integran representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Presidencia, de los Ministerios de Educación Cultura y deporte, Defensa, Interior, Sanidad Política Social e Igualdad, Fomento e Industria.
La finalidad de este comité permanente es hacer un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Especialmente se vigilarán los niveles de ocupación que permitan hacer comparaciones, para facilitar un reparto equitativo del espacio disponible entre Departamentos y Organismos. El informe incluirá los costes de utilización del parque y señalará los inmuebles susceptibles de ser enajenados a corto y medio plazo.
Con la creación de este organismo se pretende realizar un mapa detallado de los inmuebles del Estado en propiedad y arrendamiento, que permitirá reducir el gasto en alquileres, combinando actuaciones de negociación a la baja y reubicación de efectivos en edificios en propiedad.
Además, impulsarán procesos de enajenación y puesta en valor de bienes, rústicos y urbanos. Serán llevados a cabo por todos los agentes que tienen competencia para la venta de bienes patrimoniales, representados en este órgano, con el fin de incrementar los ingresos públicos y reducir costes asociados a la disposición de bienes inactivos.
Para ayudar a que el proceso sea más
rápido se ha creado una nueva aplicación informática: GESTINM
(gestión de inmuebles). El sistema centralizará la información de
diversa naturaleza relativa a bienes inmuebles de titularidad pública
para obtener una relación de todos ellos, y además se relacionará
con otras bases de datos, como catastro.
Gracias a planes como este, el Gobierno de Rajoy ahorrará millones de euros y continúa así con su política de asuteridad en la administración pública. Estas medidas buscan ayudar a la mejora de la economía y al ahorro de los gastos del Estado, que sin duda, van encaminados al beneficio de todos los españoles.
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