Pablo Iglesias: Desmontando el mito

Poco a poco se va desmontando el mito que se ha generado en torno a la figura de Pablo Iglesias. En un principio se quería ver en él un salvador de los derechos sociales y de los Derechos Humanos. Para ello, el equipo de Podemos proponía hacer frente a las grandes empresas de nuestro país para llevar a cabo un "reparto más equitativo de la riqueza".



A pesar de estas propuestas, Pablo Iglesias sigue haciendo alarde de hipocresía. Sin ir más lejos el 23 de junio habló de la casta en el Ritz patrocinado por Red Eléctrica, Asisa y BT. ¿Es coherente arremeter contra estas empresas a la vez que se pone la mano para que te financien charlas? Es evidente que no. 

Para más inri, mientras pronunciaba esta conferencia, Alberto Casillas, el camarero que defendió a unos manifestantes durante el 25-S, acusó al líder de Podemos de defender a un gobierno "que mata a los jóvenes". 

Durante la intervención de Pablo Iglesias en el mismo, Casillas, recordó a Pablo Iglesias que ha estado asesorando al Gobierno Venezolano, al mismo Gobierno que mata a los jóvenes disidentes y tiene a la población sumida en la más absoluta pobreza, llegando a costar un litro de leche casi ocho dólares. 

Es cierto que estos acontecimientos se pueden calificar de meras anécdotas, pero estas reflejan el alto grado de hipocresía de Podemos y de su líder, Pablo Iglesias.

#25S Ocupa el Congreso

Hace unos tres meses que se puso en marcha en movimiento “Ocupa el Congreso” con un objetivo claro: hacer dimitir al Gobierno –elegido democráticamente en las urnas y con mayoría absoluta- y abolir la Constitución Española –aprobada en referedum por todos los españoles el 6 de Diciembre de 1978, y que resultó con el apoyo del 88,54%-. 

Se convocaron desde entonces, y desde diversas asociaciones, varias manifestaciones que culminasen frente a la puerta del Congreso de los Diputados con el fin de interferir en el normal funcionamiento de la Cámara. Sin embargo, el Código Penal protege al Congreso tipificando como delito las “manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea legislativa de comunidad autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento” (art. 495).

Manifestarse es un derecho legítimo, siempre que sea de forma pacífica, respetando las leyes y los derechos de todos los ciudadanos. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, así lo ha expresado: "Hay que atender a la calle cuando uno se manifiesta pacíficamente y donde debe hacerlo. Cuando lo hace violentamente y ante la sede de la voz de todos los españoles estamos hablando de otra cosa".

Pero lo que no se puede consentir, son los actos violentos y el ataque a la democracia. La Policía tiene la obligación de defender la soberanía del pueblo, representada legítimamente en el Congreso de los Diputados, y la seguridad de los manifestantes puesta en riesgo por los fanáticos violentos .

El problema es que la manifestación de ayer no tuvo nada de pacífica. Sobre las seis y media se produjeron los primeros incidentes cuando un grupo primero lanzó objetos –entre ellos, un termo, una pila y un bote de cerveza– contra los agentes y los periodistas.

Muchos de los que allí se encontraban iban “armados” con lo primero que pudieron coger, puesto que se han encontrado junto al Congreso “escudos protectores” que habían hecho “con tapas de basura”, “palos, punzones y tirachinas” y de la Plaza de Neptuno se han recogido 265 kilogramos de piedras.

Una violencia que no puede justificarse de ninguna manera, al igual que no puede justificarse el ataque a la democracia y a la Constitución, porque derechos tenemos todos.