El Plan de regeneración del Gobierno

Un total de 40 medidas que afectan a un total de 10 Leyes. Hoy Viernes, el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros un Plan integral de regeneración democrática y contra la corrupción que nace con la máxima aspiración de ser negociado por todas las fuerzas políticas.

El objetivo es claro y rotundo: recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en sus administraciones y erradicar la corrupción. Para empezar, una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los partidos, contendrá el procedimiento obligatorio de aprobación de cuentas en los estatutos de todas las formaciones; cuentas que deberán ser depositadas en un registro público. Mayor control de las cuentas.

Una de los aspectos que más se quiere vigilar  son  también  los procedimientos de contratación, la retención de los pagos de subvenciones y la publicidad de las subvenciones. Se mejorará el régimen sancionador en materia de financiación y aumentarán los plazos de prescripción. Transparencia y en los mecanismos. Así mismo, el papel del Tribunal de Cuentas sufrirá una gran trasformación para adaptar su actividad y sus mecanismos a las nuevas realidades y dotarle de mayor eficacia con la mente puesta en "una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos".

Otra de las patas básica en los que se asienta el Plan de regeneración es  la Ley de Contratos del Sector Público: Se fortalecerá el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público "a todas las personas tanto físicas como jurídicas" condenadas por delitos relacionados con la corrupción. En este ámbito también se contempla la  Ley Reguladora de las Fundaciones Políticas, que establecerá las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado,  regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditoría de su situación patrimonial al final de su mandato. Es decir,  control total de los que cobran dinero público.

Pero por encima de todas estas reformas destaca la del Código Penal, para endurecer las condenas asociadas a delitos por corrupción, creándose la figura de ‘financiación ilegal’ y también se incluirá  la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de los procedimientos judiciales.

Todas estas medidas, aplicables a todos y que deberían ser apoyadas por todos para la erradicación de malas prácticas, para así avanzar en la regeneración política necesaria, cuenta con un primer escollo y es, primero el voto negativo del PSOE a la Ley de Transparencia y que promete iguales dificultades y oposición a este plan por la irresponsabilidad socialista, que prodiga sólo en casa ajena el discurso de la regeneración, transparencia y la responsabilidad frente a la corrupción, objetivos que se alcanzarán sólo con el esfuerzo de todos y no con cálculos políticos oportunistas.