Garanticemos las Pensiones

El pasado viernes, en el Consejo de Ministros, se aprobó un paquete pionero de medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal y así garantizar el futuro de las pensiones. Tal y como indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior, era necesario adaptar el sistema de pensiones a los fenómenos demográficos que puedan afectar a su estabilidad como es la inferior tasa de natalidad y una mayor esperanza de vida. Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, se han presentado estas medidas para garantizar el sistema público de pensiones.

Se va a elevar la edad de jubilación anticipada: la voluntaria, de los 63 años a los 65 en 2017 y la involuntaria de los 61 a los 63 en el mismo año. Se fija un periodo mínimo de cotización, de 35 años en el caso de la jubilación voluntaria y de 33 en el caso de la forzosa. Otra de las novedades que se introducen es la posibilidad de compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión con permanencia en un trabajo, una vez cumplida la edad legal de jubilación.

En palabras de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, se pretende “hacer que la jubilación anticipada se reserve para los trabajadores con largas carreras de cotización e introducir mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y la pasiva, es decir entre la pensión y el salario”. Además cabe recordar que uno de cada dos trabajadores accede a la jubilación antes de alcanzar la edad legal, lo que supone un coste para la Seguridad Social de 7.000 millones de euros al año.

Estas medidas, a su vez, están pensadas para evitar la discriminación por razón de edad, con una política económica que garantiza las pensiones, además de facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Con este tipo de decisiones no es la primera vez que el Gobierno de Rajoy garantiza las pensiones, a finales del año pasado se consiguió, a pesar de la coyuntura económica, que subieran las pensiones, no como el gobierno socialista de Zapatero que en el año 2010 las congeló. En este tipo de actuaciones se vuelve a observar que el Gobierno no deja desamparado al colectivo de los pensionistas.

Dimisión Pepiño Campeón.

En la época en la que el PSOE gobernaba estábamos acostumbrados a ver a José Blanco pedir, día sí y día también, la dimisión de los miembros de los partidos de la oposición sospechosos de corrupción. Era la mano dura del partido del Gobierno en este asunto, siempre contundente, rotundo y firme en su pretensión de conseguir estas dimisiónes.

Sin embargo, cuando salió a la luz el caso Campeón, su actitud cambió sorprendentemente. Hay que recordar que el ex-ministro socialista se encuentra imputado en el caso Campeón por corrupción cuando ocupaba la cartera de Ministro de Fomento.

Blanco enmudeció, dejó de pedir dimisiones y empezó a actuar de manera radicalmente opuesta. Hasta el día de hoy se ha dedicado a inventarse cada día una excusa nueva para no dimitir, es decir, no aplicar su propio criterio en estos casos. Ha pasado de pedir dimisiones sin piedad a justificar que él no lo haga, ha pasado de machacar a los imputados por corrupción a ser uno de ellos y, lo más importante, está demostrando a toda España el doble rasero que tiene la izquierda con este tema mediando un esperpéntico ejercicio de hipocresía.

No podemos dejar pasar la curiosa imagen de Rubalcaba pidiendo la dimisión de Rajoy sin estar imputado en nada y llevando a caba un ambicioso programa de reformas mientras que a su diputado le protege "poniendo la mano en el fuego por él" cuando está imputado en el Caso Campeón.

Como ciudadanos debemos pedir que sea consecuente y, por estar imputado en el caso campeón, presente su dimisión.

La sentencia europea, los desahucios y la Ley española.

Tras el conocimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE señalando que la normativa española que rige los desahucios es contraria a la Directiva europea sobre protección de los consumidores, se han desencadenado distintas reacciones desde las partes implicadas en relación con los desahucios.

Es importante señalar las verdaderas implicaciones que resultan de la sentencia. Según dicha sentencia, la normativa nacional no permite alegar posibles cláusulas abusivas para evitar una ejecución hipotecaria en caso de impago del préstamo.

Una de las primeras reacciones fue la del propio Gobierno, que en palabras del propio Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, estudiará la sentencia para incorporarla lo antes posible a la normativa española vigente.

Entre las distintas incorporaciones que se hagan, están las de la limitación de los intereses de demora de los préstamos hipotecarios a tres veces el interés legal del dinero, la ampliación de uno a tres meses el número de impagos que permiten iniciar el procedimiento de reclamación de deudas, la limitación del plazo máximo de las hipotecas y la concesión de más garantías a los deudores en los procedimientos de subastas. Así mismo, el Gobierno añadirá otras medidas tales como elevar los umbrales que dan derecho a acogerse a las medidas contra los desahucios y la creación de un fondo social de viviendas para los colectivos más vulnerables.

Por otro lado, lo que ayer los principales medios de comunicación no recogieron y no explican con la debida cautela, es la relación del implemento de estas medidas con la consecución total de las peticiones por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca o PAH. Ésta, por ejemplo, pide la dación en pago con carácter retroactivo que tiene una importante diferencia con la dación en pago simple que puede ser contemplada bajo acuerdo de las partes y es la negativa repercusión en el mercado inmobiliario y la inseguridad jurídica que traería. Esto no es contemplado ni por la sentencia ni por el Gobierno. Así, esta inseguridad jurídica crearía dificultades añadidas ya que se restringiría aún más el acceso a un crédito hipotecario y el acceso a la vivienda y supondría perjudicar como efecto colateral, a esa gran mayoría de hipotecados que con verdadero esfuerzo, hacen frente a sus pagos, en una cultura de pago que en este país tan sólo arroja un 3% de morosidad.

En conclusión, será la inclusión de la normativa europea en la española la que reconozca el derecho de los que pretenden desahuciar los bancos a que el juez valore si el contrato de hipoteca contiene cláusulas abusivas o no y da la posibilidad al juez de paralizar el desahucio hasta que se dilucide esta cuestión. Aquí la verdadera novedad que el Gobierno incorporará a la actual normativa española.

El objetivo del Gobierno es la consecución de la adopción de medidas que permitan paliar esta grave situación como demanda social que es pero al mismo tiempo, sin entrar en un terreno de inseguridad jurídica con efectos muy negativos y que harían del mercado inmobiliario un mercado mucho más restringido y por ende, al conjunto de nuestra economía y sector financiero en pleno proceso de recuperación.

Pepiño Dimisión

Esta mañana el ex ministro de Fomento, José Blanco, imputado por el “Caso Campeón” ha declarado que solo dimitirá de su escaño de diputado en el caso de que se abra juicio oral contra él. Con esta actitud se vuelve a demostrar que los socialistas no se van del poder ni con agua caliente.

Otro ejemplo más cercano aún ha sido lo ocurrido días atrás en Ponferrada, donde el PSOE presentó una moción de censura contra el PP y así conseguir la alcaldía de este municipio gracias al apoyo de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual en el “Caso Nevenka”. Los principios de igualdad y respeto a las mujeres que tanto defiende el PSOE en este caso fueron completamente pisoteados solo por un sillón de alcalde y todo esto con la aprobación del comité del partido aunque ahora Oscar López quiera negarlo y cargar él con toda la responsabilidad. Aun así, si de verdad fuera alguien competente y con un mínimo de responsabilidad ya habría presentado su dimisión y no habría hecho el paripé de dejar el cargo a disposición del partido a sabiendas de que no iba a servir para nada. Nos encontramos ni más ni menos ante otro caso Benidorm, solo es cuestión de tiempo.

A diferencia de estas actitudes dentro del Partido Popular podemos encontrar el caso de Santiago Cervera que dimitió inmediatamente solo por el hecho de haber recogido una información por lo que fue arrestado y días después de su dimisión incluso imputado. Otro caso fue el de Francisco Camps, ex-presidente de la Comunidad Valenciana, imputado por el caso de los trajes y que decidió dimitir para acudir a juicio y demostrar su inocencia, la cual fue probada y quedó absuelto.

Por un lado nos encontramos a un ex-ministro que se niega a dimitir, a pesar de estar imputado y de que hay pruebas contundentes de su culpabilidad, e incluso que ha utilizado fondos públicos, como los 100.000 euros salidos del Ministerio de Interior que fueron usados para realizar obras en su casa, y por otro al Secretario de Organización que por “el ansia de poder”, tal y como lo describió, se salta cualquier principio contad de que el PSOE tenga más cuota de poder. Y finalmente, nos encontramos ante un Rubalcaba que pide la dimisión de Mariano Rajoy baásandose única y exclusivamente en unos papeles, sin fundamento, publicados en prensa. Hace mucho que el PSOE perdió el rumbo

La careta socialista de la Igualdad

En estas semanas previas a la celebración del 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, hemos asistido a una serie de asombrosas declaraciones en lo que se refiere a la igualdad y la violencia de género. Primero fue el Diputado de UPyD Toni Cantó en su perfil de Twitter. "La mayor parte de lasdenuncias por violencia de género son falsas. Y los fiscales no laspersiguen".

Y más recientemente, esta misma semana, el Secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, se refirió a la titular del Ministerio de Empleo Fátima Báñez mientras valoraba los datos del paro en Andalucía (por cierto la tasa más alta de España con un 36%) al manifestar que «estaría mejor haciendo punto de cruz en San Juan del Puertoque al frente de un Ministerio de tanta relevancia para la situaciónpor la que atraviesa España».

Ambas diarreas mentales de los dos políticos, no encontraron una igual réplica en sus desaprobaciones por parte del PSOE. Al Diputado de UPyD se le pidieron rápidas explicaciones acerca de la fuente de los datos que utilizaba, que no trajo otra cosa que un rápido intercambio de fuentes y datos por las cuales quería distraer la atención y eximir su culpa, como así hicieron desde sus filas de UPyD. Tuvo que disculparse (sin retractarse del todo) pero sigue como Portavoz en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Lo más llamativo del caso, y lo es por lo que pasó días después con las palabras dirigidas a la Ministra de Empleo, es que la ordas feministas del PSOE poco tardaron en echarse al cuello del Diputado magenta pidiendo desde su dimisión hasta la intervención de la Fiscalía. Una contundencia, que, unas semanas después, con las declaraciones del dirigente socialista onuvense, se han echado en falta, mostrando con fuerza la hipocresía socialista en relación con el tema de Género. Sólo basta que el comentario machista sea desprestigioso con una mujer del PP para que todo tenga sus aristas y se deba acudir a dobles interpretaciones y dobles varas de medir.

Hasta aquí las últimas entregas de machismo de los 'defensores a ultranza de la igualdad' en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo, en el que, como es habitual, despliegan todo su dispendio mediático y se ponen la mejor de sus caretas, la políticamente correcta, que luego tantas veces se dejan olvidada en algún rincón.