Nuevas reformas en la Justicia

Otro viernes más el Gobierno sigue comunicando nuevas medidas. El Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, durante el pasado Consejo de Ministros, presentó la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con este anuncio se cumple otro de los puntos previstos en el programa electoral.

La propuesta se trasladará al resto de los Grupos del Parlamento con el objetivo de buscar el mayor consenso posible y dotar a la reforma de mayor credibilidad y permanencia que contará con cuatro puntos claves:

1. Mayor independencia.

Se propone la modificación de la elección de una parte de los miembros del Consejo. A través de los jueces y magistrados -en la actualidad son elegidos en su totalidad por el Parlamento- se designarán a 12 de los 20 vocales, 8 en el Congreso de los Diputados. Con esta medida se buscaría la despolitización del Poder Judicial.

2. Profesionalidad

Este nuevo informe propone que sólo el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial tendrá dedicación exclusiva y deberá contar con una experiencia de tres años como magistrado del TS o 25 como jurista. De esta manera el resto de vocales seguirá en sus destinos como jueces o en sus respectivas profesiones jurídicas y sólo asistirán a las reuniones de pleno o de comisión que les corresponda.

3. Eficacia

Se reducirá el número de comisiones a aquellas competencia que la Constitución establece como propias del CGPJ. Además se simplifica el sistema de mayorías de modo que, por regla general, las decisiones se adoptarán por mayorías simples.

4. Transparencia

Otro punto importante de la reforma del Consejo consistirá en el control de sus cuentas a través de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas y estará sometido a la Ley de Transparencia en los mismos términos que cualquier otro órgano constitucional. Aún así, mantendrá su autonomía presupuestaria, pero no podrá fijar la cuantía de las dietas o retribuciones de sus miembros.

La intención del Gobierno de Mariano Rajoy es que esta reforma sea aprobada con el mayor consenso posible en marzo del 2013, antes de que finalice el mandato del actual CGPJ en septiembre de ese mismo año, y se pueda aplicar la nueva reforma desde el momento de su renovación.