Y no lo estamos porque el Gobierno es
el que sigue gestionando nuestra economía y no un organismo externo
de la Unión Europea, como ocurriría si estuviésemos ante una
intervención. La financiación que nos otorgan la proporcionan el
resto de países del euro con el convencimiento de que España es un
país solvente.
Las condiciones que se han acordado con
la UE se restringen al sector financiero y por tanto no son de orden
macroeconómico ni hay medidas adicionales en el ámbito fiscal o
laboral. Esta financiación computa como deuda pública, y no como
déficit. Sin embargo España sigue bajo un procedimiento de déficit
excesivo correspondiente a los incumplimientos de 2009 y sometida a
vigilancia en ese aspecto.
La asistencia financiera a la banca
española se produce porque hay una parte del sector –un 30 por
ciento- que se encuentra en situación de debilidad. El Gobierno
también lo había identificado por eso se han puesto en marcha ya
dos reformas sobre el sector financiero.
Sin embargo no conoceremos todos los
datos con exactitud hasta la tercera semana de Junio, cuando el
Gobierno presente la solicitud formal de ayuda financiera a la banca,
con los datos que arrojen los informes de las auditorias. Por tanto,
las condiciones de préstamo aún están por determinar en el
memorando de compromiso que se aprobará tras la entrega de esta
solicitud.
En un principio el acuerdo al que se ha
llegado es que será un préstamo muy a largo plazo y con un interés
muy por debajo del mercado, que podría tener un periodo de carencia
y se gestionaría a través del FROB (Fondo de Restructuración
Ordenada Bancaria).
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