Un
total de 40 medidas que afectan a un
total de 10 Leyes. Hoy Viernes, el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros
un Plan integral de regeneración
democrática y contra la corrupción que nace con la máxima aspiración de ser
negociado por todas las fuerzas políticas.
El
objetivo es claro y rotundo: recuperar la confianza de los ciudadanos en la
política y en sus administraciones y erradicar la corrupción. Para empezar, una Ley
Orgánica de Control de la
Actividad Económica y Financiera de
los partidos, contendrá el procedimiento obligatorio de aprobación de cuentas
en los estatutos de todas las formaciones; cuentas que deberán ser depositadas
en un registro público. Mayor control de las cuentas.
Una
de los aspectos que más se quiere vigilar
son también los procedimientos
de contratación, la retención de los pagos de subvenciones y la
publicidad de las subvenciones. Se mejorará el régimen sancionador en materia
de financiación y aumentarán los plazos de prescripción. Transparencia y en los
mecanismos. Así mismo, el papel del Tribunal de Cuentas sufrirá una gran
trasformación para adaptar su actividad y sus mecanismos a las nuevas
realidades y dotarle de mayor eficacia con la mente puesta en "una más
amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos".
Otra de las patas básica en los que se asienta el
Plan de regeneración es la Ley de Contratos del Sector
Público: Se fortalecerá el régimen de prohibiciones de contratación
con el sector público "a todas las personas tanto físicas como
jurídicas" condenadas por delitos relacionados con la corrupción. En este
ámbito también se contempla la Ley
Reguladora de las Fundaciones Políticas, que establecerá las
retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulará la publicación de las declaraciones
tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización
de auditoría de su
situación patrimonial al final de su mandato. Es decir, control
total de los que cobran dinero público.
Pero por encima de todas estas reformas destaca
la del Código Penal, para endurecer las condenas asociadas a delitos por
corrupción, creándose la figura de ‘financiación ilegal’ y también se
incluirá la de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, para la agilización de los procedimientos judiciales.
Todas estas medidas, aplicables a todos y que
deberían ser apoyadas por todos para la erradicación de malas prácticas, para
así avanzar en la regeneración política necesaria, cuenta con un primer escollo
y es, primero el voto negativo del PSOE a la Ley de Transparencia y que promete
iguales dificultades y oposición a este plan por la irresponsabilidad
socialista, que prodiga sólo en casa ajena el discurso de la regeneración,
transparencia y la responsabilidad frente a la corrupción, objetivos que se
alcanzarán sólo con el esfuerzo de todos y no con cálculos políticos
oportunistas.
