Este fin de semana hemos asistido a uno de los espectáculos más lamentables y deplorables que puede ver una democracia asentada como la española:
Un grupo de delincuentes, pertenecientes al extremismo de izquierdas, han decidido violar una gran cantidad de derechos civiles y fundamentales “en nombre de la democracia”.
Toda opinión o expresión de ideas es bien recibida en un Estado como el español, siempre que se haga desde el respeto a la convivencia. Tan sencillo requisito ha brillado por su ausencia este fin de semana.
El primer motivo de descalificación de esta conducta es el hecho de que nos encontramos ante una manifestación ilegal, ya que, a pesar de las advertencia realizadas por la Delegación del Gobierno de Madrid, esta manifestación se llevó a cabo sin la obligatoria solicitud y posterior autorización.
En segundo lugar, y más importante, no se puede admitir que nadie se abandere como defensor de los derechos sociales mientras atenta contra el derecho a la libre circulación del resto de ciudadanos, viola el derecho a la integridad física de los agentes de policía, atenta contra el derecho a la libertad de expresión de quien no comparte sus ideas propinándole insultos y descalificativos vejatorios y destrozando el mobiliario urbano que pagamos todos los ciudadanos con nuestras contribuciones.
Es por ello este tipo de conductas tiene que ser respondidas por los organismos públicos con todos los mecanismos legales a su alcance, tanto en su vertiente penal como en su vertiente administrativa.
De este último ámbito es del que se ocupa la Ley de Seguridad Ciudadana. El objetivo principal de este cuerpo legal es proteger los derechos de los ciudadanos frente a las agresiones que hacen un mínimo número de personal radicales.
Las manifestaciones no necesitan de autorización previa desde que entró en vigor la Constitución, señores. Ni atentan (aunque sí molesten, sobre todo si se manifiestan por algo con lo que no estamos de acuerdo) contra el derecho a la libre circulación del resto de ciudadanos. Y la libertad de expresión de los no manifestantes no se ve alterada por un insulto ni por una descalificación (ni por cien, ni por mil): el peligro (físico) para personas o bienes, el ilícito penal o el uso de uniformes paramilitares son los únicos argumentos que pueden utilizarse para disolver una manifestación, tal y como ocurrió con esa por el primero de los motivos.
ResponderEliminarNot iene las acreditaciones... Si solo se las dais a los que quereis y os apoyan; no respetan la integridad de los policias... a mi cuando me pegaron los maderos nadie pregunto por mi integridad fisica; no respetan las convivencia del resto... será vuestra convivencia, pues mientras vosotros vivis de puta madre, nosotros luchamos por respirar en medio de un océano de gilipollas
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