El Estado de Derecho contra el vandalismo

Este fin de semana hemos asistido a uno de los espectáculos más lamentables y deplorables que puede ver una democracia asentada como la española:

Un grupo de delincuentes, pertenecientes al extremismo de izquierdas, han decidido violar una gran cantidad de derechos civiles y fundamentales “en nombre de la democracia”.

Toda opinión o expresión de ideas es bien recibida en un Estado como el español, siempre que se haga desde el respeto a la convivencia. Tan sencillo requisito ha brillado por su ausencia este fin de semana.

El primer motivo de descalificación de esta conducta es el hecho de que nos encontramos ante una manifestación ilegal, ya que, a pesar de las advertencia realizadas por la Delegación del Gobierno de Madrid, esta manifestación se llevó a cabo sin la obligatoria solicitud y posterior autorización.

En segundo lugar, y más importante, no se puede admitir que nadie se abandere como defensor de los derechos sociales mientras atenta contra el derecho a la libre circulación del resto de ciudadanos, viola el derecho a la integridad física de los agentes de policía, atenta contra el derecho a la libertad de expresión de quien no comparte sus ideas propinándole insultos y descalificativos vejatorios y destrozando el mobiliario urbano que pagamos todos los ciudadanos con nuestras contribuciones.

Es por ello este tipo de conductas tiene que ser respondidas por los organismos públicos con todos los mecanismos legales a su alcance, tanto en su vertiente penal como en su vertiente administrativa.

De este último ámbito es del que se ocupa la Ley de Seguridad Ciudadana. El objetivo principal de este cuerpo legal es proteger los derechos de los ciudadanos frente a las agresiones que hacen un mínimo número de personal radicales.

Fin a la condonación de deudas

Esta mañana ha sido aprobado en Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas pertenecientes al Plan de Regeneración Democrática,  la ley reguladora del régimen económico financiero de los partidos y la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado para seguir luchando contra la corrupción y son de especial aplicación para el control de las cuentas de los partidos políticos.

Estas medidas consisten en prohibir las donaciones de personas jurídicas a partidos políticos, la obligación de todos los partidos de presentar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas y la prohibición de condonar las deudas bancarias a los partidos.

Uno de los partidos a los que más veces han condonado su deuda ha sido al PSOE;  a lo largo de estos años le han perdonado alrededor de 33 millones de euros entre distintas entidades bancarias como BBK o el Banco Santander. El PSOE a lo largo de 29 años tuvo deudas con diferentes entidades, firmo más de 16 créditos, los cuales no aparecían reflejados en sus cuentas, y tras una apertura de investigación por parte del Tribunal de Cuentas en el año 2006, con el PSOE en el Gobierno, se les terminó perdonando la deuda 

No solo el PSOE ha sido beneficiado de estas prácticas, también su filial en Cataluña, el PSC.   En el año 2004, La Caixa, les perdonó 7,1 millones de euros que arrastraban desde el año 1994. A ERC también se les condonó una deuda de 2,7 millones de euros por parte de esta misma entidad bancaria poco tiempo después de la llegada del Tripartito a Cataluña.

A parte del PSOE otro partido al que también se le han perdonado deudas ha sido a Izquierda Unida en Andalucía, los créditos impagados que tenían contraídos con Unicaja y Cajasol ascendían a 2,5 millones de euros los cuales han sido perdonados por estas entidades. A esto hay que añadir las distintas deudas que tienen contraídas sus federaciones con la Seguridad Social o con Hacienda como es el caso de Madrid 

Uno de los partidos a los que menos deuda se les ha condonado ha sido al Partido Popular, con un máximo de 3 millones de euros en los años 90  , este partido es de los pocos que tiene sus cuentas al día con el resto de entidades bancarias.

España contra Cataluña: el simposio de la vergüenza nacionalista.

Hoy ha dado comienzo en el Instituto de Estudios Catalanes (IEC) el simposio "España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)".  Bajo la apariencia de un acto meramente académico, los impulsores y ya el título reflejan bien claro las intenciones de de las jornadas ‘históricas’. Este acto está impulsado por el Centro de Historia Contemporánea y la Sociedad Catalana de Estudios Históricos, entidades ambas dependientes de la Generalitat de Cataluña.

Su objetivo es según se recoge, ‘ilustrar el agravio histórico desde 1714 (fecha de referencia para el nacionalismo catalán en el que da comienzo la inexistente corona catalana) que se ha perpetrado, según ellos, por parte de España contra Cataluña. Y se añade: este agravio fue y es ‘con carácter represivo’. En su ya eterna huida hacia delante, la Generalitat, CiU y por ende todo el conjunto del nacionalismo catalán, suben el tono y, si bien no hay nada nuevo en la manipulación interesada de la historia compartida de España y Cataluña, esto significa un paso más, por el tono y lenguaje empleado, para tensar aún más la cuerda que quiere el nacionalismo romper entre dos realidades inseparables desde hace siglos: España y Cataluña. 

Dirigido por el historiador a sueldo de la Generalitat Jaume Sobrequés, este simposio, al que ya se han posicionado firmemente en contra el resto de partidos no nacionalistas del Parlamento catalán (PP, UPyD, Ciutadans) va en la senda contraria a la verdad, al diálogo y a la pedagogía necesaria para explica convenientemente a la ciudadanía catalana y española la realidad del nacionalismo y que, es mucho más lo que comparten los catalanes con el resto de España que lo que les diferencian por mucho que traten de utilizarlo los dirigentes nacionalistas. Con títulos así y manipulaciones interesadas, no se avanza más que en el odio, el fanatismo y la división con ‘una falsa historia’ como arma arrojadiza que el simposio trata de dar un carácter ‘científico y académico’ cuando lo único que hay detrás es interés político sectario.

Prueba de ello son las palabras del Consejero catalán de Interior Francesc Homs tachando de ‘querer liquidar a Cataluña’. Pero lo que de verdad debería escuchar el Gobierno catalán y dar voz es a una inmensa mayoría académicos indignados con el uso partidista de la historia y sus invenciones que se corresponden con la mayor parte  de la ciudadanía catalana que no contempla las relaciones con el resto de España en este modo. 

Frente al camino de la Ley, el diálogo y la serenidad y la apuesta por tender puentes en lo común, los catalanes siguen sufriendo las formas y maneras de un Gobierno que sólo trata de imponer, manipular y acrecentar la distancia que ellos mismos quieren ensanchar entre personas que tienen mucho que ganar juntas. 

RTVV y las contradicciones de la oposición

¿Qué es más importante mantener una televisión deficitaria o seguir invirtiendo en servicios esenciales como educación o sanidad? Esta pregunta es la que ha tenido que responder hace un par de semanas en el Gobierno de la Generalitat Valenciana después de que el TSJV anunciara que el ERE aplicado a los trabajadores de RTVV era nulo y debían ser readmitidos.

El cierre de RTVV ha sido una de las polémicas que ha marcado la actividad política en estas semanas, pero cabe recordar que ha sido una polémica alimentada de forma interesada desde los grupos de la oposición, los mismos que hace un tiempo solicitaban el cierre de televisiones autonómicas por el gasto que implicaban.

RTVV tenía una deuda que rozaba los 1.400 millones de euros, y al tener que readmitir a los trabajadores esta aumentaba mucho más  por lo que la decisión de cerrar se ha hecho en detrimento de otros servicios que son muchísimo más importantes para los ciudadanos.

La oposición, en especial el PSOE,  tras mucho pedir el cierre de Canal 9  o incluso el mismo Zapatero solicitó dos veces cerrarla,  ahora se compromete a reabrirla.

Otro ejemplo de hipocresía es UPyD , uno de los partidos que también ha criticado el cierre, y que, anteriormente, solicitó la eliminación de las televisiones autonómicas  o Toni Cantó directamente que la volasen ahora se pronuncia a favor de que siguiera emitiendo RTVV 

  

Otra vez más volvemos a observar las contradicciones de la oposición y su ansia por sacar votos de cualquier problema que haya en vez de aportar soluciones.

ANTE LA FALTA DE IDEAS: LAICISMO

Ya tenemos la última ocurrencia del PSOE sobre la mesa. Ante los serios problemas, económicos y sociales, que estamos atravesando, el principal partido de la oposición aporta una solución brillante a nuestros problemas: Denunciar los acuerdos con la Santa Sede.

No contentos con esta lúcida medida, han decidido profundizar más en el tema y, proponer la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Dejando de lado la ironía, debemos recordarle al PSOE algunos conceptos básicos:

1. En el día de hoy, y ante la situación que vivimos en España, a los ciudadanos no les preocupa la situación de un tratado internacional y de una ley orgánica que ha nadie han molestado desde que están vigentes y a muchos ha integrado reconociendo derechos religiosos.

2. Revisar los pactos con la Santa Sede de 1979 supondría tener que revisar los pactos con otras confesiones firmados en 1992 (Judíos, Musulmanes y Evangelistas) con contenido muy similar a éstos primeros. De esta forma el intento de desvincular al Estado de la religión católica (cosa que por cierto ya está conseguida) sólo supondría una tremenda crisis y afectaría a los derechos religiosos de cualquier persona, independientemente de la fe que abrazase.

3. Por último, cabe preguntarnos por qué le entran las prisas en cambiar una Ley Orgánica que se aprobó en el Congreso de los Diputados con 294 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra. Su postura es que debemos garantizar que el Estado sea efectivamente aconfesional como recoge nuestra constitución, pero esto no es así. La diferencia entre aconfesional y laico radica en que un país aconfesional no se acoge a ninguna religión en concreto, pero favorece el libre ejercicio de sus ciudadanos de la libertad que elijan, mientra que el Estado laico veta cualquier tipo de manifestación religiosa en cualquier espacio público. Así, podemos descubrir la mentira que esconde el PSOE bajo el término “aconfesional” cuando en realidad lo que buscan es el laicismo. Muy a su pesar, el laicismo no cabe en nuestra Constitución.

Esto que hemos expuesto demuestra que el PSOE ante su falta de ideas y propuestas se reduce a la crítica destructiva en lugar de aportar iniciativas para volver a ser competitivos.