El Gobierno crea el Fondo de Reestructuración Bancaria

El Gobierno ha finalizado la tercera fase de la Reforma del Sistema Financiero con la creación del Fondo de Reestructuración Bancaria tienendo como objetivo que el contribuyente no tenga que pagar ni un euro.

La reforma busca sanear el sistema financiero para que de esta forma se pueda recuperar el flujo de crédito. Con instrumentos como los aprobados hoy, la crisis bancaria se podría haber abordado de forma distinta y, de esta forma, se asientan las bases para que no se vuelva a producir una crisis como la actual. Hay que destacar que este decreto ha contado con la colaboración de UE y el FMI.

Con estas medidas el Ejecutivo busca solucionar tres cosas: actuar con prevención, minimizar el coste a los contribuyentes y tener un sistema bancario solvente.

El nuevo Decreto establece tres niveles de intervención: Uno: Las medidas de actuación temprana están previstas para aquellas entidades que puedan ser viables por sus propios medios; Dos: Los casos de reestructuración están previstos para las entidades que presentan debilidades transitorias que pueden ser superadas mediante la inyección de fondos públicos; y tres: los supuestos de resolución ordenada, en los que se procederá a la venta del negocio y la trasmisión de los activos o pasivos a un "banco puente" o la trasmisión de activos o pasivos a una entidad de gestión de activos.

Las ideas básicas del "Banco Malo" son: que sea una sociedad de gestión de activos inmobiliarios "rentable" que se desprenda de éstos en un plazo de entre diez y quince años; las entidades nacionalizadas transferirán sus activos inmobiliarios dañados a finales de noviembre o principios de diciembre; la sociedad de gestión de activos va a tener un capital que pondrá el FROB "en un porcentaje minoritario porque la mayoría serán inversores privados"; y que el FROB ampliará su capacidad de endeudamiento –de los 120.000 millones, frente a los 90.000 actuales-.

Por último hay que resaltar que esta reforma, dinamizará el sistema inmobiliario, para poder sacar el stock a precio razonable, dinamizar el sector y generar empleo.

La doble vara de Gómez Bermúdez

Javier Gómez Bermúdez y sus aspiraciones a juez estrella hacen que salga de nuevo a la palestra. En este caso es para investigar si el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, incurrió en un delito de revelación de secretos al explicar la investigación que había realizado al Guardia Civil sobre el secuestro y muerte del empresario Publio Cordón.

El Juez Bermúdez se escuda en que durante la rueda de prensa se revelaron datos que se encontraban bajo secreto de sumario. Esta investigación la inició durante el mes de julio sin apuntar todavía al ministro, pero en el día de hoy Gómez Bermúdez ha dejado caer la posibilidad de que al tratarse de un aforado la investigación deba pasarse al Tribunal Supremo, órgano que tiene la competencia cuando se trata de este tipo de personas. Al insinuar aforamiento se ha apuntado directamente hacia la figura del Ministro del Interior.

Cabe recordar que el caso Publio Cordón todavía no ha sido cerrado, entre otras cosas porque aun no se ha encontrado su cadáver. Este asunto es lo que preocupa actualmente a los responsables de interior, los cuales siguen con las investigaciones gracias a las detenciones, de varios miembros del GRAPO, realizadas por la Guardia Civil para terminar de esclarecer este caso 17 años después.

Es llamativo esta aplicación tan estricta de la ley por parte de este juez cuando ha tenido otro tipo de actuaciones judiciales que han sido puestas en duda como podría ser el caso de la liberación de varios miembros de EKIN hace unos meses. En este asunto la prisión condicional podía haber sido ampliada por dos años más y en contra del criterio del juez que anteriormente ocupaba su puesto, Grande Marlaska, quien dijo que eran comisarios políticos de ETA, Gómez Bermúdez decidió concederles la libertad bajo fianza con el argumento de que el riesgo de fuga siempre existe. A modo de aclaración el riesgo de fuga es una de las condiciones básicas para conceder o no la libertad, en caso de que lo haya no se concede y menos aun en asuntos de terrorismo.

Otro caso que viene a cuenta con las filtraciones en las investigaciones es el chivatazo del Faisán. En donde a través de una llamada a ese bar se arruinó una investigación completa de la Guardia Civil que acabó con la no detención de varios miembros de ETA y donde todavía no se ha terminado de esclarecer quien fue el responsable de dar la orden en el Ministerio del Interior para que se produjese el chivatazo, aun así esta investigación sigue en curso a través del Juez Pablo Ruz

Por la sostenibilidad de nuestro Sistema de Salud

Ante la inviabilidad del nuestro Sistema Nacional de Salud que arrastra una deuda de más de 16.000 millones de euros heredados del anterior Gobierno socialista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe de tomar las medidas oportunas para garantizar a todos los españoles un servicio de máxima calidad, universal y gratuita. Para ello, la ministra de Sanidad, Ana Mato, eliminará a partir del próximo 1 de septiembre la tarjeta sanitaria a aquellos inmigrantes ilegales que estén en nuestro país de manera irregular.

Es necesario buscar tanto el equilibrio social como el económico, y los ciudadanos tienen que entender que si queremos seguir disfrutando de un sistema sanitario como el que tenemos ahora, son necesarios ajustes que permitan su continuidad. No podemos caer en la demagogia de quienes consideran esta medida como una atrocidad aumentando la carga económica que cada español aporta a la asistencia sanitaria.

Desde la Unión Europea, se garantiza la asistencia básica para todos los inmigrantes que incluya especialmente las urgencias, la asistencia obstétrica y pediátrica. De igual manera, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud establece expresamente:“La asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular”.Por lo tanto no puede darse lugar a demagoia barata sobre que las personas en situación irregular dejarán de recibir todo tratamiento sanitario que se precise.

El Doctor Ángel LM de Francisco, doctor en Medicina y médico en el Hospital Universitario de Valdecilla (Santander) hace una magnífica síntesis de la regulación que, sobre esta materia, establecen nuestros socios comunitarios. Como podemos comprobar, son legislaciones que pretenden proteger sus propios sistemas de salud para seguir garantizando que la asistencia sea pública y gratuita para los ciudadanos de esos estados.

La cuestión es muy simple. Los extranjeros en situación irregular no pueden tener derecho a la tarjeta que supone un aseguramiento público ilimitado. De lo contrario, traen a familiares que no residen en España únicamente para operarse, regresando después a su país. Ésto crea un efecto llamada que España ya no puede mantener.

Los abusos de la sanidad española han sido excesivos. De hecho, así lo demuestra el Tribunal de Cuentas que indica que España ha dejado de facturar a otros países la asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos de otros países, sólo en el año 2009. Ésto ha supuesto un despilfarro de casi 1.000 millones de euros. Es lo que se conoce como “turismo sanitario” y que se pretende regular por el ministerio.

En ningún caso se pretende sacar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, sino frenar estos abusos. Por cierto, el Parlamento europeo ha sido claro con este tema: “los médicos no deben prestarse a prácticas que favorezcan el fraude o la trasgresión de la legislación nacional con la excusa de realizar actos humanitarios.”

El Partido Popular aplica la Ley

Hace unos días conocíamos la noticia de la concesión del tercer grado penitenciario al preso de ETA Iosu Uribetxebarría Bolinaga por padecer una enfermedad terminal. La decisión ha suscitado grandes polémicas acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de no haberla evitado. Algunos la ven como una cesión al chantaje terrorista, pero nada más lejos de la realidad: simplemente se aplica la Ley.

Nadie con dolencias terminales muere en la cárcel, salvo aquellos que no tienen familia o domicilio. De los casi 800 muertos que se registraron en centros penintenciarios entre 2004 y 2010 ninguno de ellos, ha muerto en prisión a causa de una enfermedad irreversible. En contra de las barbaridades que se están viritendo contra el Ejecutivo del Partido Popular, es necesario subrayar que de manera escrupulosa se está cumpliendo la normativa vigente para estos casos. El vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, ha sido claro al respecto: “la Ley es la Ley y, por dura e imcomprensible que parezca, no podemos dejar de aplicarla”.

Es voluntad del legislador que ningún recluso con una enfermedad terminal muera en la cárcel. Así lo recogen el artículo 92.3 del Código Penal, el 104.4 del Reglamento Penitenciario, así como la circular 1/2000. De tal forma, es preciso regular la excarcelación a través del instituto de la Libertad Condicional. En prisión se muere por enfermedad natural, espontánea o no diagnosticada, por suicidio, agresión o accidente, pero no por supuestos como el de este preso de ETA.

Es preciso dejar claro que el Gobierno aplica con contundecia la Ley y todo el Estado de Derecho, manteniéndose firme en la lucha contra el terrorismo. “Ni se negocia con ETA, ni hay más plan que aplicar la Ley”, afirmaba González Pons. El dirigente popular añadía que “por duro que parezca ver a una bestia como esta fuera de la cárcel, más duro puede ser ver al Gobierno no aplicando la ley”.

No hay marcha atrás en un proceso irreversible que acabará de manera definitiva con ETA. Podemos confiar en un Gobierno que jamás cederá al chantaje de los que causan terror, y que no se separrará un ápice de la legalidad.

Las mejoras del Plan PREPARA

¿Qué es el Plan PREPARA? Es un plan orientado a reforzar y facilitar la participación de las personas desempleadas en el programa de recualificación profesional destinado a aquellos que agoten su prestación por desempleo. Esta ayuda fue prorrogada durante seis meses más según el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, como medida de urgencia tras encontrarse el Gobierno del Partido Popular con un déficit real del 8,5 % en lugar del 6,4% que dio Zapatero.

En  días anteriores ha saltado la polémica a su alrededor debido a un retraso en los cobros, los cuales se empezaron a efectuar los días 9 y 10 de Agosto. Esto se debió a la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y no a una situación de bloqueo, como ha dicho la oposición, que una vez más ha demostrado su capacidad para embarrar las cosas. Esta demora no es la primera vez que ocurre ya que en enero sucedió lo mismo al prorrogarse los PGE del 2011.

De igual manera, cabe recordar que  el pago a los beneficiarios no es igual para todos los que reciben esta prestación. Cada provincia decide en que momento se debe realizar el pago (entre el 25 y los primeros días del mes siguiente) y teniendo en cuenta que cuando el PSOE diseñó este tipo de ayuda no contempló ningún tipo de fecha límite.

Mariano Rajoy, tras su despacho tradicional de verano en Marivent con El Rey, anunció la renovación de los 400 euros que se ha aprobado en el Consejo de Ministros del día 24 y con efecto retroactivo desde el día 16. Por tanto, ya es la segunda vez que hace una prórroga de esta ayuda.

Esta mañana se hizo efectivo este anuncio de Mariano Rajoy, por el cual se amplía la prórroga para obtener los 400 euros, pero a su vez se realiza una modificación de este plan PREPARA. A partir de ahora la ayuda se centra en el colectivo de beneficiarios en los parados de larga duración o parados con cargas familiares, manteniéndose el resto de requisitos de acceso contemplados en programas anteriores.

Ahora también para determinar la condición de beneficiario, se incluyen las rentas del solicitante a las de la unidad familiar teniendo además en cuenta las renta de los padres en caso de convivencia con  ellos. Con esto se busca evitar solapamientos entre el plan y la obtención de otras rentas asistenciales.

Otra de las condiciones será que el solicitante acredite haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad en el tiempo que transcurre entre la perdida de otras prestaciones y la solicitud de esta ayuda. Con esto se busca reforzar el compromiso de seguir buscando empleo, por lo que esta obligación se mantiene durante todo el programa y será determinante para que el beneficiario pueda seguir obteniendo la ayuda.

En un inicio este plan incorporó al mercado laboral a un 20% de los parados, pero en los últimos meses solo ha tenido una tasa de reinserción del 6%. Con estos datos queda claro que este sistema es cada vez menos efectivo porque ya no cumple la finalidad para la que fue creada: una ayuda con itinerario para encontrar empleo. Es evidente que hay que garantizar una cobertura social pero este programa se ha ido transformando en una forma más de obtener un subsidio, y esa no es la vía para la creación de empleo y la recuperación económica, ya que a día de hoy este plan no inserta a nadie.

El objetivo del Gobierno de Rajoy es mantener esta ayuda otros seis meses más, pero de formas más eficaz, por lo que con estas modificaciones se pretende un reparto más lógico y equitativo de la ayuda y además se busca ese aumento de la tasa de reinserción. De esta forma se trata de cumplir con la verdadera finalidad del programa: crear empleo.

La oposición, en este caso, lo que pretende es sacar rédito de esta situación acusando al Ministerio de problemas de gestión e incluso de falta de crédito. Aunque cabe recordar que este plan no se tendría cabida en España si hace dos años, tal y como indica el BCE, se hubiera hecho la reforma laboral, por lo que la subida de paro se habría frenado y no se tendrían que prorrogar este tipo de ayudas.

FACUA ataca al Gobierno

La asociación de consumidores, FACUA, se ha llevado las manos a la cabeza porque el Ministerio de Sanidad les ha informado de que deben dedicarse a defender al consumidor con el dinero público que reciben.

Esta asociación ha recibido casi un millón de euros en subvenciones sólo de este Ministerio en los últimos cuatro años, justamente durante el Gobierno del PSOE. Ha pasado de recibir el 3,3% de las ayudas para este fin a casi el 8%.

Sin embargo, y a pesar de recibir esta gran cantidad de dinero para defender nuestros derechos frente a posibles abusos, a la hora de reclamar, el españolito de a pie que mantiene esta institución, debe de pagar una cuota. Toda una contradicción puesto que ya se “les paga” a través de los impuestos. En la siguiente tabla se pueden ver los datos sobre el dinero que recibe FACUA -la séptima de once asociaciones-. La partida de fomento es la referida a pagar sueldos, viajes, luz, etc; y especifícos para las campañas concretas.

FACUA	AÑO	FOMENTO	ESPECÍFICOS	TOTAL	% sobre total
	2008	60.000,00	60.000,00	120.000,00	3,30%
	2009	72.116,00	151.940,81	224.056,81	6,16%
	2010	120.000,00	169.868,00	289.868,00	7,96%
	2011	120.000,00	170.000,00	290.000,00	7,96%
				923.924,81	6,35%

Últimamente su principal actividad parece haberse desviado. Ahora se dedican a criticar al Gobierno y a preparar una campaña en contra del Estado, puesto que ahora está presidido por el Partido Popular. El único afán de esta asociación de consumidores es hacer campaña contra las reformas de Mariano Rajoy, tanto en su web como desde su perfil de Twitter.

Sanidad, les ha recordado cual es su verdadera función, y le ha informado de que si quieren mantener estas subvenciones -de las que son finalistas, es decir, que deben dedicarse a fines concretos de defensa de los consumidores- han de cumplir la legalidad.

Por supuesto esto no es algo obligatorio, si no los cumplen, pueden constituirse como una asociación más y dedicarse a los fines que consideren oportunos. Nada de declararse ilegales como ellos denuncian. El problema es que quieren seguir recibiendo el dinero, sin dedicarlo a este fin, cosa que no es posible ya que la ley les impide compatibilizar estos fines con otros.

Rubalcaba y su oscura gestión

El diario El Mundo ha estado publicando estos días nueva información sobre la gestión de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. En estas publicaciones se destapan presuntas irregularidades como la adjudicación de concursos públicos a amigos o espionaje al Partido de la oposición.

En primer lugar parece ser que se amañaron concursos públicos para que los amigos de Rubalcaba en el Ministerio del Interior, en concreto los hijos de altos cargos policiales, se beneficiasen saltándose la legislación vigente.

En segundo lugar, hemos sabido que desde el Ministerio del Interior se adjudicaron 2,4 millones de euros a Interligare para que espiase al Partido Popular desde el edificio de Génova 15, pegado a la sede popular. Esto confirmaría los avisos de Rubalcaba a Carlos Floriano en 2009: "Veo lo que haces y oigo lo que dices" y las sospechas que tenía la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, cuando afirmaba que el PP sufría escuchas telefónicas ilegales.

De confirmarse estas sospechas estaríamos ante uno de los mayores escándalos de la democracia en nuestro país y Rubalcaba, además de dimitir, debería enfrentarse a la Justicia.

Hay que recordar que el ex Ministro tiene un oscuro pasado: su vinculación con los GAL como uno de los hombres fuertes del gobierno de Felipe González, con el Faisán como ministro del Interior y superior de los altos cargos policiales que dieron el chivatazo a ETA y con el caso Sitel como responsable de las supuestas escuchas ilegales.