#25N: El batacazo de Artur Mas

Ayer, 25 de Noviembre, Artur Mas tropezó con la voluntad del pueblo. El mismo que convocó unas elecciones para obtener una mayoría absoluta y plantear un proyecto separatista, por el cual Cataluña quedaría fuera de España, al final lo único que ha conseguido es hacer el ridículo perdiendo 12 escaños.

Tras tan sólo dos años de legislatura, el actual Presidente de la Generalitat durante el mes de septiembre convocó elecciones con el motivo del rechazo en Moncloa al pacto fiscal planteado a Rajoy. Artur Mas aprovechó esta situación para volver a sacar el tema del independentismo y así intentar aumentar el número de diputados en el Parlament.

Toda su campaña ha estado basada en la famosa frase “Espanya ens roba” y la infantil idea de que Cataluña estaría mejor fuera de España y en ningún momento ha propuesto nada para salir de la crisis. Aunque en realidad todo esto lo ha utilizado para tapar su mala gestión y el despilfarro en cosas inútiles realizado durante su mandato, como las embajadas en el exterior o la inmersión linguística.

Ayer la realidad volvió a imponerse y Artur Mas se encontró con que en Cataluña no creyeron en ningún momento su proyecto separatista, los resultados están a la vista, CiU consiguió ayer 50 diputados, 12 menos que en las elecciones de 2010. Aún así también hay que tener en cuenta que la totalidad de partidos independentistas han obtenido menos escaños en estas elecciones que en las del 2010.

Estos resultados no fueron ayer los únicos. El PSC, la marca catalana del PSOE, volvió a demostrar de nuevo que cada vez menos gente cree en el proyecto socialista, de los 28 diputados que obtuvo en 2010 ayer pasó a 20, una vez más el PSOE ha vuelto a descalabrarse en unas elecciones.

El PSC durante esta campaña se quiso desmarcar presentando un proyecto federalista que ni saben lo que es y ni mucho menos explicarlo además que no contaban con el apoyo total del PSOE y de Rubalcaba, por lo que esta falta de rumbo y de ideas ha hecho que finalmente vuelvan a estrellarse demostrando una vez más que el PSOE sigue en caida libre. Hay que recordar que el PSC en el 1999, con Pasqual Maragall, obtuvo 52 escaños y ahora sólo han tenido 20, siendo esto el resultado de un mensaje cada vez más difuso y menos creíble.

Finalmente una de las formaciones que mejor ha salido paradas en estas elecciones ha sido el Partido Popular de Cataluña, liderado por Alicia Sánchez Camacho, quien ha obtenido los mejores resultados en la historia del PPC. No solo ha aumentado el número de escaños, 20 diputados, sino que a su vez ha aumentado el número de votos a pesar de, en palabras de Cospedal, encontrarnos en un momento "tan complicado y tan difícil, con una crisis económica tan fuerte y un Gobierno que está tomando medidas imprescindibles y necesarias, pero difíciles e impopulares". Además el PPC es segunda fuerza en la ciudad de Barcelona y ocupar la tercera posición en el área metropolitana de Barcelona, en el cinturón rojo, mientras el PSC va retrocediendo.

La realidad de las tasas judiciales

 Las ya conocidas tasas judiciales constituyen un sistema de financiación de la Administración de Justicia desde el año 2002. De ellas se habla enormemente estos días como consecuencia de la polémica Ley aprobada por el Gobierno que impone nuevas tasas en primera instancia en la jurisdicción Civil, en la Contencioso-Administrativa y en la jurisdicción Social, ésta última exclusivamente cuando se recurra.

Frente a los críticos, es preciso matizar que el aumento de tasas no vulnera en ningún caso el principio a la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución, es decir, no se verá quebrantado el derecho de ningún ciudadano a acceder a la Justicia. La nueva legislación cumple escrupulosamente con la doctrina del Tribunal Constitucional y la legislación tributaria. Al fin y a la postre, la tasa cubre sólo una pequeña parte del coste efectivo del servicio.

Se achaca a esta medida fines recaudatorios cuando en realidad apenas supone el 10% del presupuesto total de Justicia, en realidad lo que se pretende es terminar con el abuso y las prácticas dilatorias solo para que tarde más la sentencia en ejecutarse. Un ejemplo es que el 90 por ciento de los recursos en casación, vienen a confirmar la primera sentencia. Pero no sólo se pretende evitar la saturación que vive la Justicia: se ha aprobado ya la Ley de Mediación con el apoyo de otros grupos parlamentarios, y la Ley de Jurisdicción Voluntaria ya está en marcha.

Con o sin tasas, la Justicia en España no es gratuita pues, todo ciudadano con recursos debe de actuar con la correspondiente asistencia de procurador y letrado. Sus minutas y honorarios, que sin duda superan con creces la cuantía de las tasas, nunca han sido cuestionadas.

De tal forma, para más aclaración, os dejamos una lista de personas y procesos exentos del pago de la tasa:

• Los beneficiarios de Justicia Gratuita (se propone elevar el umbral de beneficiarios a quienes cobren menos de 2,5 veces el IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- a 15.975 €; actualmente se sitúa en 14.910 €). La Justicia seguirá siendo gratuita para quienes verdaderamente carezcan de recursos, para que el derecho a la tutela judicial efectiva nunca se vea vulnerado.
• Los procesos penales estarán exentos al 100 por cien. De hecho, este tipo de procesos supone el 72% del total, según el informe de 2011 de la Justicia elaborado por el CGPJ.
• La primera instancia en el orden Social. En la segunda, si quien recurre es el trabajador, la cuantía de la tasa se reduce un 60%.
• Procesos de capacitación, filiación y menores que corresponden al orden civil.
• La protección de Derechos Fundamentales.
• En la jurisdicción Civil, quedan exentos los procesos monitorios (inferiores a 900 €) y los verbales (inferiores a 2.000 €).

Del “España nos roba” al “Mas y Pujol nos roban en Suiza"

Ayer el periódico El Mundo, en su edición impresa, llevaba en plena campaña electoral catalana y en pleno pulso soberanista del mesiánico Artur Mas al Gobierno de la Nación, la revelación de un importante informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica de la Policía nacional acerca de presuntos movimientos irregulares en las cuentas de las familias Pujol y Mas.

Estos sospechosos movimientos incluyen, según el informe, que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC (Convergència Democràtica de Catalunya, parte de CiU) a través de la trama del Palau de la Música se desviaban a cuentas personales de sus dirigentes. Como testaferros, Jordi Pujol padre y el padre del actual Presidente de la Generalidad, Artur Mas, desviarían fondos a sus respectivos hijos.

En este informe se denuncia la existencia de dichas cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas por Artur Mas y su padre, la familia Pujol y mujer, Marta Ferrrusola.

El procedimiento para dicho trasvase de fondos era el siguiente: “un 2,5% que revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalitat y el 1,5% se destinaba a gastos, comisiones y colaboraciones de Félix Millet, gerente del Palau y sus colaboradores, así como a cuentas personales de dirigentes políticos y familiares más allegados”. Se hacía mediante transacciones en las mencionadas cuentas en Suiza, siendo los últimos beneficiarios Pujol y Mas padre, actuando éstos de testaferros de sus descendientes.

En plena campaña, de confirmarse el borrador del informe de la Policia, debe abrirse otro debate también de orden económico en Cataluña, y ver si hemos pasado del “España nos roba” que iza CiU, al “Pujol y Mas nos llevan robando años” desde Suiza. La convocatoria de elecciones anticipada es una huida hacia delante de Artur Mas para tapar también las acusaciones de corrupción que le salpican. Los problemas con la legalidad de Mas no se pueden solucionar intentando llevar a Cataluña fuera del marco legal de España y Europa

El PP se compromete a llevar hasta el final las comisiones de investigación que Artur Mas ha paralizado y aprobar una ley de Transparencia. Explicaciones, y más ahora que debe decirse la realidad que esconde el telón que CiU y Mas quieren correr sobre la auténtica situación de Cataluña, deben darse a los ciudadanos, con unas elecciones a la vuelta de la esquina.

Huelga General, ¡NO!

Este 14 de noviembre está convocada la novena huelga general de nuestra democracia y la séptima por un período de 24 horas. En la realidad y el contexto en el que vivimos, ¿realmente tiene sentido llevar a cabo una huelga general? ¿Los motivos que aducen los sindicatos para respaldarla son los verdaderos por los que la convocan?.

Actualmente nos encontramos con una tasa de paro que roza el 25%, en situación de recesión económica, un nivel de deuda pública creciente, un déficit excesivo y una larga lista de datos poco alentadores; ahora bien, ¿es la huelga la solución a estos problemas? Rotundamente, ¡No! Una huelga genera más gasto, disminuye la productividad, provoca tensiones tensiones sociales y no mejora en nada la realidad existente. Nosotros, pensamos que la solución a situación de crisis, excepcional, pasa por un esfuerzo colectivo orientado a recuperar la competitividad de nuestro país. Así, las acciones que realmente nos van a sacar de la crisis a medio plazo, porque no hay recetas milagrosas, sus las reformas que está llevando a cabo el Gobierno.

El Gobierno está dirigiendo su actividad a la contención del gasto público, a la reforma del sistema financiero para que vuelva a fluir el crédito, a la reforma del mercado laboral para que vuelva a haber contratación, a la reforma de las AAPP para hacerlas menos costosas y más eficaces, a saldar las deudas con los proveedores, a luchar contra el fraude fiscal y una larga lista de medidas encaminadas a la creación de empleo, reducción del déficit y la recuperación económica.

Pero, entonces, si la huelga no va a ayudar a salir de la crisis y se están tomando las medidas para que España vuelva a ser próspera ¿Por qué se convoca?

Los sindicatos exponen una serie de motivos que recuerdan a la jerga obrera decimonónica alejada de la realidad social que vive el país. No nos engañemos, los sindicatos actuales no piensan en los trabajadores, sólo en sus beneficios. Prueba de ello es que desde que está el PP en el Gobierno, además de a partidos políticos y organizaciones empresariales, se les a pedido un esfuerzo que no están dispuestos a realizar.

Los dirigentes sindicales no están dispuestos a dejar de cobrar 181.000€ (como José Ricardo Martínez), a dejar de irse a cruceros de lujo (Como hace Toxo), a recibir menos ayudas económicas, a tener menos liberados, a que los liberados tengan menos de 9.000 tarjetas de crédito pagadas por todos los españoles, y un largo etc.

La huelga es política, y la hacen, no por los trabajadores, sino porque ¡¡SE LES TERMINA EL CHOLLO!!

Un freno a los desahucios

La situación de crisis que atravesamos se esta cebando con los colectivos más desfavorecidos lo que ha provocado un incremento en el número de desahucios en los últimos años. Para frenar esta sangría (irremediable con la actual legislación) el Gobierno está llevando a cabo una serie de acuerdos urgentes con el principal partido de la oposición y otros grupos.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) uno de los picos más altos de las ejecuciones hipotecarias se registró en el primer trimestre de 2007. Época en la que gobernaba el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, que se empeñaba en negar la evidente crisis. Solamente durante su segunda legislatura, entre 2007 y 2011 se registraron más de 350.000 ejecuciones hipotecarias.

Conforme publica La Razón sólo en el primer trimestre de de 2010 hubo 27.597 y en el último de 2009 unos 26.941. Además entre 2008 y 2011 se produjeron 166.000 desalojos, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Para tratar de solucionar esta situación, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convocado una comisión con el principal partido de la oposición para revisar la legislación hipotecaria y la aplicación del Código de Buenas Prácticas bancarias. El objetivo es articular medidas preventivas y paliativas con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo, con el fin de resolver las situaciones de especial vulnerabilidad.

A esto se le une el pacto de la Asociación Española de Banca (AEB) que ha anunciado el compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios durante los dos próximos años "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". 

Tal y como aseguró Rajoy hace unos días ya se ha comenzado a dar una solución a este problema. Hoy jueves, el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un paquete de medidasurgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios yasí poder frenar este drama.

Estas medidas, que serán negociadas con el resto de formaciones políticas, consisten en la paralización durante dos años de los desahucios para aquellas familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros, en las que se haya incrementado la carga hipotecaria o que tengan como aval solo esa vivienda.

Para ello se tendrán en cuenta algunas de las siguientes circunstancias: Que sean familias numerosas, monopartentales con dos hijos a su cargo, que haya menores de tres años, tengan algún familiar con una discapacidad superior al 33%, o en los supuestos de violencia de género entre otros.

También se ha presentado la creación de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido la suya. Estas viviendas serán las que a día de hoy están en posesión de los bancos.

A su vez, se van a establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar un futuro sobreendeudamiento de las familias y también que no haya más cláusulas abusivas dentro de los contratos hipotecarios.

Para ayudar a paliar este problema, ayer martes día 13 de Febrero, el Partido Popular en el Congreso votó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, en donde se aprueba el debate en el Congreso del contenido de esta iniciativa. Con esto queda demostrado que el gobierno sigue preocupado en dar solución a las familias afectadas y no se queda de brazos cruzados.

7 años de mentiras sobre el matrimonio homosexual

Durante estos últimos 7 años han corrido ríos de tinta respecto a la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo. A lo largo de este tiempo el PSOE ha ido vertiendo varias mentiras sobre la aprobación de esta ley y la postura que ha ido manteniendo el Partido Popular.

Una de ellas ha sido que el Partido Popular en ningún momento pretendía regular este tipo de uniones. Esto es falso. En el programa electoral presentado para las elecciones generales del año 2004 (página 390) se proponía una Ley Reguladora del Contrato de Unión Civil Estable, con esto se buscaba amparar jurídicamente a aquellas parejas que quisieran formalizar su convivencia otorgándoles una serie de derechos.

En el año 2005, tras la entrada de los socialistas en el gobierno fue aprobada la actual ley reguladora del matrimonio entre personas del mismo sexo, cuya realización no fue según lo aconsejado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado ya que estos propusieron otras vías. El PSOE hizo caso omiso y lo único que busco fue la confrontación con el PP y pretender ser los primeros en luchar por la igualdad para las personas del mismo sexo cuando en realidad el Partido Popular también pedía lo mismo.

Aún así, incluso dentro de las filas socialistas hubo voces discordantes con esta ley, como fue el caso de el ex alcalde de La Coruña Francisco Vázquez, la senadora Mercedes Aroz o Gómez Navarro

Otra de las falsedades que se ha difundido a lo largo de estos años era la relacionada con el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional. En ningún momento se atacó a que dos personas del mismo sexo se unieran, sino a la denominación de dicha unión. El Partido Popular siempre ha defendido la necesidad de igualar jurídicamente estas parejas. Este es el debate que durante estos años ha usado el PSOE para ensuciar la imagen del Partido Popular y para acusarlo como un partido homófobo y que no respeta los derechos, cuando en realidad no ha sido así.

Finalmente, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado avalando la denominación, aunque en ningún momento se puso en duda la validez de estas uniones. Desde un principio se ha buscado la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo a pesar de que el PSOE se haya querido apoderar de esta idea.